La Comisión Europea presentó un nuevo "escudo" para proteger a los agricultores del bloque frente a los posibles impactos del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur. La iniciativa surgió tras las crecientes inquietudes planteadas por el sector agropecuario europeo por la competencia que podrían representar los productos agrícolas del bloque sudamericano.

En ese marco, Bruselas busca establecer un sistema de salvaguardas que se active ante aumentos imprevistos de importaciones o caídas de precios generadas por el ingreso de productos del Mercosur más allá de las cuotas graduales establecidas en el acuerdo comercial.

El reglamento incluye procedimientos para aplicar las medidas de protección de manera rápida y eficaz, con especial atención en los productos agrícolas sensibles, entre ellos la carne vacuna, las aves de corral, el arroz, la miel, los huevos, el ajo, el etanol y el azúcar.

Para garantizar una defensa efectiva de estos sectores, la Comisión Europea propuso monitorear las importaciones y elaborar informes semestrales para el Parlamento Europeo sobre su impacto en los mercados de la Unión Europea. Si se detectan variaciones interanuales del 10% tanto en los volúmenes importados como en los valores y los precios de importación se sitúan al menos un 10% por debajo de los europeos se abrirá una investigación formal.

En caso de que la investigación determine un perjuicio grave, la Unión Europea podrá retirarles temporalmente las preferencias arancelarias a los productos responsables del daño. Además, el Ejecutivo comunitario se comprometió a iniciar investigaciones a pedido de un Estado cuando existan motivos suficientes y a activar medidas provisionales de salvaguarda en un plazo máximo de 21 días desde la recepción de la solicitud. El objetivo es concluir los procesos de evaluación en unos cuatro meses.

La propuesta deberá recibir el aval tanto del Parlamento Europeo como de los gobiernos del bloque mediante el procedimiento legislativo ordinario. Bruselas espera que el proceso avance con rapidez para que los agricultores puedan acceder a estas nuevas herramientas de protección cuanto antes.

La Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea realizaron el año pasado un intento para cerrar el texto final, pero Francia, Austria e Irlanda mantuvieron su oposición alegando que el acuerdo no garantiza compromisos ambientales suficientes de los países del Mercosur, especialmente de Brasil.

En septiembre de este año, la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, reiteró su apoyo al acuerdo, aunque luego reconoció que "no hay consenso político" para avanzar hacia la firma.

Los sectores agrícolas europeos, especialmente los franceses y los irlandeses, continúan ejerciendo una fuerte presión contra el tratado, ya que temen enfrentar una competencia desleal ante los productos agropecuarios sudamericano.