Entidades de empresas que producen biocombustibles reclamaron el tratamiento y la aprobación de la prórroga de la ley 26.093, que cuenta con media sanción del Senado. Ante la ausencia en la agenda legislativa para las extraordinarias de inicio de año, las cámaras que representan a pymes y a exportadores del sector alertaron por el cierre de 55 fábricas, la caída de más de 100.000 empleos y el ingreso a un default ambiental.

El reclamo llegó de dos maneras: una carta enviada por 7 entidades vinculadas a la agroindustria al presidente Alberto Fernández y a la Cámara de Diputados de la Nación, y un comunicado público de las pymes nucleadas en CEPREB. Ambos planteados habían sido adelantados por BAE Negocios.

"Las entidades empresarias que nuclean a los productores de biocombustibles solicitamos al Sr. Presidente, Dr. Alberto Fernández, y a los Diputados Nacionales que en forma urgente sea tratada y aprobada la Prórroga de la Ley de Biocombustibles, que ya cuenta con adhesión unánime de los Senadores Nacionales, cuerpo que nos representa federalmente", señaló la misiva.

La carta fue firmada por la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), la Cámara de Industrializadores de Granos y productores de Biocombustible en Origen (CIGBO), la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), el Centro Azucarero Argentino (CAA), y la Cámara de Bioetanol de Maíz (BIOMAIZ).

Según los empresarios, la ley 26.093, que vence en mayo próximo, permitió "numerosos beneficios que deben preservarse y profundizarse". Y los enumeró: Importante contribución al cuidado ambiental y de la salud de los argentinos; al incorporarse un combustible limpio a la matriz energética nacional, que reduce la huella de carbono en más de un 70% con relación a los combustibles fósiles que sustituyen; y la industrialización de la ruralidad, especialmente en zonas de economías regionales.

También destacó las "cuantiosas inversiones en los últimos 12 años, como ninguna otra cadena agroindustrial; la desconcentración del mercado de combustibles líquidos, incluyendo la apertura a numerosas empresas pymes; y la sustitución de importaciones de combustibles minerales, en atención a las restricciones en la disponibilidad de divisas y a las limitaciones que presenta el parque local refinador de petróleo".

"De no mediar una extensión de la ley 26.093 no solo corren riesgo de desaparecer las 55 empresas que producen combustibles limpios y los más de 100.000 puestos de trabajo federales que genera el sector, si no que la Argentina entraría en un default ambiental que va en sentido contrario al compromiso asumido en el Acuerdo Climático de Paris, que el Sr. Presidente, Dr. Alberto Fernández, ha ratificado públicamente en estos días", alertaron.

Los empresarios recordaron que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, "prometió en la sesión ordinaria del 29 de diciembre el tratamiento de la prórroga de la ley de biocombustibles que, de una u otra manera, todos los bloques de Diputados han manifestado acompañar". Por eso aprovecharon a reclamar "su tratamiento y aprobación urgente".

"La extensión de la ley permitirá que el Congreso debata con la serenidad adecuada nuevos horizontes para las energías limpias, con una visión que integre los aspectos económicos, ambientales, energéticos y de mayor equidad territorial que nos debemos como país federal", concluyó la carta.

La voz de las pymes

Una de las entidades firmantes, además, emitió un comunicado de manera paralela para enfatizar el malestar por la incertidumbre de la ley. 

"Todas las pymes nucleadas en CEPREB solicitan que sea tratada con suma urgencia, ya que por un lado, el sector necesita operar con previsibilidad, y por otro, ha demostrado una influencia positiva en aspectos socio-económicos como el empleo, la promoción de combustibles amigables con el medioambiente, el fomento de las industrias pymes nacionales, la federalización y el desarrollo económico de pequeñas comunidades vinculadas con la instalación de plantas productivas", destacaron.

Las pymes aseguraron que "no admiten más demoras", ya que entienden que el tratamiento de la prórroga de la Ley 26.093 "es imprescindible para la continuidad del sector y de los más de 10 mil puestos de trabajo". Y esperan que "este atraso no sea funcional hacia aquellos sectores que buscan beneficios económicos, ignorando los fundamentos sobre los que se apoya la ley".