El Gobierno nacional cerró anoche las exportaciones de carne vacuna por un mes, según pudo reconstruir BAE Negocios a partir de fuentes del sector frigorífico exportador. La decisión fue comunicada por el presidente Alberto Fernández, tras una reunión en la que participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español y directivos de frigoríficos.

"Nos tomó totalmente por sorpresa, no lo esperábamos", reconoció en off a este medio un operador de peso en el negocio exportador. La Casa Rosada sigue de cerca la evolución en el precio de los alimentos, y la carne es uno de los rubros en donde se centran todas las miradas. En el transcurso del año, la secretaria Español lanzó varias advertencias sobre la posibilidad de cerrar las exportaciones si no bajaban los valores en los mostradores.

La noticia llama la atención porque hace pocos días, se anunció la extensión del acuerdo de Precios Populares, cuyo plazo se extenderá hasta fin de año, con un mayor volumen de carne (pasó de 6.000 a 8.000 toneladas mensuales), más bocas de expendio y durante más días a la semana. Por el lado de las entidades que componen la Mesa de Enlace, esperarán la publicación de la medida en el Boletín Oficial para expresar su opinión y las acciones a tomar.

En su cuenta de Twitter, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker señaló que con esta decisión, "el Gobierno se pega un tiro en el pié y se compra un conflicto innecesario".

La suba de las cotizaciones internacionales de los granos genera tensiones en las instancias de formación de precios en alimentos sensibles de la canasta familiar, como el caso del pan. Tal como anticipó BAE Negocios, su valor registró un alza que osciló entre 8% y 13% en los últimos días y esta situación reaviva el debate del impacto de los commodities en la mesa de los argentinos.

En paralelo, el precio del cultivo en Chicago copia el recorrido alcista de la soja, y más allá de los vaivenes de las últimas ruedas comerciales, se afirmó en torno a los USD260 por tonelada. Esta situación -con una oleaginosa que llegó a USD610 por tonelada- reavivó el debate sobre una posible modificación en los derechos de exportación del complejo granario argentino. El dato a tener en cuenta es que, mientras en soja el Gobierno deberá recurrir al Congreso para incrementar el actual 33% en retenciones, en trigo y maíz puede pasar del actual 12% hasta 15% sin necesidad de la instancia legislativa.

En las puertas de una nueva campaña de granos, y con un Gobierno que busca controlar la suba en el precio de alimentos, los derechos de exportación vuelven a instalarse en el centro de la escena. A precios actuales, cada punto que se aumente en las retenciones del complejo sojero -poroto y subproductos- representan un ingreso adicional para el fisco de USD240 millones, mientras que trigo y maíz, esta situación generaría un extra de USD120 millones. La contracara de este escenario es el conflicto que se podría generar con los productores, tal como se vivió a finales de 2020, cuando se cerraron por dos semanas las exportaciones de maíz, bajo el argumento de mantener el stock de cereal para la producción de proteína animal.