El sector inmobiliario rural tiene algunos signos de recuperación. Luego de tocar su piso histórico en mayo, la actividad continúa recuperándose. Según el índice mensual que elabora la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), en julio hubo un repunte del 9,7% respecto a junio, mes que a su vez había mostrado un gran rebote del 87,54% en comparación con los alicaídos números de mayo.

No obstante, a pesar de la gran recuperación, los niveles alcanzados durante julio muestran una baja del 0,5% frente al mismo mes del año pasado. "Para graficarlo, el mercado inmobiliario rural era como un paciente que estaba en coma y abrió los ojos. De un piso muy bajo, el mínimo movimiento hizo que el rebote fuera muy fuerte. La actividad sigue complicada, pero el cambio de tendencia es alentador", aseveró el presidente de CAIR, Juan José Madero, al ser entrevistado por el medio especializado Tranquera.

Al respecto, vale aclarar que el índice "InCAIR" mide la intensidad de la actividad inmobiliaria, que no son necesariamente las compras de campos, sino que también abarca a otros aspectos, como consultas y publicaciones que se hacen con ese fin.

Se toma como base de referencia máxima 100 puntos, correspondientes al pico de máxima actividad histórica en 2011. En mayo pasado el índice se ubicó en los 21,04 puntos, en junio saltó a 39,46 y durante julio alcanzó los 43,47.

Madero consideró que la baja de mayo, que significó un hundimiento del 53% interanual y 25,32% intermensual, se dio por el "efecto Vicentin", debido a que a los problemas económicos ya existentes, como la brecha cambiaria y el cepo al dólar, se sumó la incertidumbre sobre la seguridad jurídica, luego de que el Gobierno anunciara el proyecto de ley para expropiar a la cerealera.

Según Madero, la actual remontada se explica por una serie de hechos más alentadores, como la marcha atrás del Gobierno en el proyecto para quedarse con Vicentin, el acuerdo con los bonistas, y el acercamiento del oficialismo al sector tras apoyar una iniciativa de representantes de la cadena agroindustrial, que tiene como objetivo exportar anualmente USD100.000 millones en los próximos diez años, sin requerir de subsidios estatales.

"Las señales políticas influyen mucho, porque las inversiones en campos son importantes, de muy largo plazo, donde se inmoviliza mucho capital y antes de tomar esa decisión hay que estar muy seguro", afirmó.

Al respecto recordó que tras las PASO presidenciales, en agosto del 2019, el mercado comenzó a experimentar una caída de actividad y precios en lo que se refiere a la compra/venta de campos. "Hubo un "deja vu" de lo que sucedió con el anterior Gobierno kirchnerista. El mercado en ese momento asumió que habría una política poco alentadora para el sector".

En ese sentido, remarcó que "todavía el escenario sigue siendo de mucha complejidad y volatilidad. Hubo una marcha (opositora) y reacciones políticas que no se sabe bien para donde apuntan".

Por otra parte, resaltó que las medidas dispuestas para combatir la pandemia también son una complicación para que el mercado se desarrolle con normalidad. "Hay trabas al principio, en el desarrollo, y sobre el final de las operaciones".

Al respecto, mencionó que las restricciones para circular y la falta de hospedajes dificultan las recorridas por los campos de los posibles compradores.

Precios a la baja

Si bien Madero aclaró que "generalizar tendencias es temerario" en la actividad inmobiliaria rural, ya que hay una "altísima heterogeneidad" en cada región, lo cierto es que en la "zona núcleo, clase 1" pueden verse rebajas de entre un 15% y 20% en los valores de la tierra desde mediados del año pasado, coincidente con la celebración de las PASO. "Esos campos que valían USD15.000 o USD16.000 por hectárea, hoy están entre USD12.000 y USD13.000. Hablamos de aquellos ubicados en el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires y este de Córdoba".