La perla del discurso del presidente Javier Milei en la apertura 143° de sesiones ordinarias fue el anuncio de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que promete estar cerca y deberá ser aprobado por el Congreso. La oposición “dialoguista” inmediatamente condicionó su apoyo al resurgimiento del Presupuesto 2025, mientras que los bloques aliados la semana que viene buscarán retomar las conversaciones con el oficialismo en pos de votar la Ley de Leyes sin modificaciones, tal cual lo redactó el Gobierno.

“Para hacer realidad los cambios que el pueblo argentino demanda, estamos avanzando en un acuerdo con el FMI para poder terminar de sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente este año”, apuró el Presidente en el recinto de la Cámara de Diputados el 1 de marzo. “Esperamos que este Congreso adopte la misma postura que tuvieron con todos los demás, que es acompañar desde sus bancas, apoyando al Gobierno en este nuevo acuerdo”, pidió.

El nuevo programa con el Fondo Monetario deberá ser tratado por el Congreso, según lo dispone la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (27.612), sancionada en 2021 bajo el mandato de Alberto Fernández, con Martín Guzmán ante la cartera de Economía. “Todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”, establece su segundo artículo.

Durante los últimos meses, el Gobierno había sembrado dudas con respecto de su intención de enviar el nuevo acuerdo al Congreso: habían argumentado, en un principio, que como no incrementaría la deuda, entonces no iba a ser necesaria la aprobación del parlamento. Esto es porque los fondos se utilizarán para cancelar parte de la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central: “Es una forma de terminar con el problema de la inflación. La deuda bruta no sube porque estoy usando deuda para cancelar deuda”, justificó el jefe de Estado.

En Unión por la Patria ya amagaban con judicializarlo y cuestionaban que difícilmente el organismo esté dispuesto a otorgar un préstamo en esas condiciones. Finalmente, el Presidente negó que el FMI lo haya exigido y se remontó a reconocer que jurídicamente era imposible saltearse el Congreso: “Son las reglas del juego”, reconoció en una entrevista que dio el fin de semana con LN+. Ya lo había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, hace dos semanas.

“No veo por qué el Congreso no le aprobaría el acuerdo”, consideró ante BAE Negocios un diputado del peronismo que integra la comisión de Presupuesto -la cual deberá dictaminar el nuevo programa-, aunque admitió que bajo ninguna circunstancia su bloque lo apoyaría. Tampoco lo hicieron cuando se trató del acuerdo aprobado en 2022: el Frente de Todos se dividió y más de un tercio del bloque oficialista no respaldó la negociación del expresidente Fernández. Tampoco se sumará la Izquierda: “La deuda con el FMI es una estafa contra el pueblo”, recriminó el diputado Nicolás del Caño en redes, tras el anuncio de Milei.

Pero los dialoguistas no dejarán pasar la oportunidad de hacer valer sus cartas de negociación. El bloque radical de Democracia Para Siempre no tomará una posición por adelantado: “Veremos la letra chica, como lo hemos hecho siempre”, consideró la diputada Danya Tavela, quien además le detalló a este medio que se fijará en que el programa no solamente contemple el déficit fiscal, sino también las problemáticas sociales.

El bloque que redobló la apuesta fue Encuentro Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto: el diputado Nicolás Massot, quien no asistió a la Asamblea Legislativa del sábado, anticipó vía X que su espacio está dispuesto a respaldar la negociación con una condición: “Eso sí; asegúrese que el acuerdo con el FMI venga acompañado de la Ley de Presupuesto que usted debe, y que fortalecería cualquier entendimiento”.

Se trata de un reclamo que pisó fuerte durante todo el tratamiento de las sesiones extraordinarias el mes pasado, incluso por parte del PRO, desde donde acusaron al Presidente de “autoritario” por no incluirlo en el temario de febrero. A ellos se suma la tropa de Rodrigo De Loredo, que visitó la Casa Rosada en diciembre y ya en ese entonces le acercó ese planteo al Ejecutivo.

"Nos parece descabellado que un sector de la política quiera armarle el presupuesto tipo Papá Noel, como así también no nos parece provechoso que carezcamos de presupuesto. Vamos a seguir insistiendo. Aunque tenemos diferencias con el que envió el Ejecutivo, preferimos sancionarlo antes de que no haya ninguna ley de presupuesto”, manifestó el jefe de bloque radical, tras sacarse una foto con los hermanos Milei.

En ese sentido, fuentes de la UCR consultadas por BAE Negocios aseguraron hoy que “se va a activar el tema la semana próxima” y, en primera instancia, buscarán un acercamiento con el presidente de la Cámara, Martín Menem, la mano derecha de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Si bien los aliados no buscan condicionar el acuerdo con el FMI, sí van a insistir con revivir el debate del Presupuesto 2025, de la mano de los opositores.

El Gobierno cerró definitivamente la persiana de diálogo por el Presupuesto 2025 en noviembre, luego de que los gobernadores de exJuntos por el Cambio insistieran con cuatro pedidos que, según evaluaron desde el Ministerio de Economía, representaban 3,7 millones de dólares. Pedían coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos, una pieza clave de la recaudación de este año; que se le “devuelva” a las provincias lo justado tras la reestructuración del ARCA (exAFIP); que se revise la situación de las 13 cajas de jubilaciones no transferidas; y la compensación del Consenso Fiscal, es decir, el reclamo por la baja en las transferencias.

Ese fue el punto de quiebre. Antes, el bloque de Encuentro Federal había presentado un dictamen alternativo -es decir, su propio Presupuesto- y a eso se sumaron presiones para voltear el DNU de canje de deuda, lo cual no fue posible gracias a que los gobernadores movieron sus fichas para no alterar la búsqueda de consensos por el Presupuesto. Sin embargo, pocos días antes de que se intente firmar el dictamen, los opositores habían amenazado con dejar el proyecto del oficialismo en minoría. Fue ante ese escenario que el presidente de la comisión, José Luis Espert, suspendió su tratamiento. “Sembró miedos lo del dictamen alternativo y no esperábamos que el Gobierno corte el diálogo así”, habían reconocido del radicalismo.

En el medio, también jugó fuerte el reclamo por el aumento del presupuesto universitario y las demandas por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que representan un 1% de la recaudación, destinados a atender situaciones de emergencia de las provincias y que no fueron distribuidos.

Los jefes de bloque dialoguistas y los gobernadores hicieron un último intento de pedir una mesa con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero nunca hubo respuesta. La decisión de prorrogar nuevamente el Presupuesto 2023 ya estaba tomada. “No vamos a ceder con ninguno de los pedidos de los gobernadores, a menos que nos digan de dónde piensan sacar la plata”, insistieron del oficialismo. “Sacaron primero un documento con cinco puntos y lo achicaron a cuatro pero no hicieron ninguna propuesta concreta sobre cómo mantener el déficit cero”, respondieron en Balcarce 50. “Es un diálogo de sordos”, agregaron fuentes del oficialismo parlamentario. 

La oposición reclama que, en realidad, el Gobierno no está interesado en tener un Presupuesto actualizado porque tener las partidas atrasadas le da margen de discrecionalidad. Es algo que en Casa Rosada habían admitido desde un primer momento: “Es el nuestro o nada”, repitieron hasta el cansancio. 

Por lo pronto, no hubo intención de reflotar el debate. “No vamos a incluir el Presupuesto a menos que haya un compromiso público de todos los bloques para aprobar nuestro proyecto”, habían condicionado del oficialismo en diálogo con BAE Negocios, a fines del año pasado. Los dialoguistas apuestan a que esa siga siendo una opción.