El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar cerraron un acuerdo para reeditar su coalición de Gobierno, cuyo principal punto de agenda apunta a derogar los aspectos centrales de la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, y de esta manera reforzar la protección de los trabajadores frente al despido, así como también la primacía de los convenios colectivos de trabajo por sobre los acuerdos de empresa.

El documento presentado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz recupera la idea de un "Estatuto del Trabajo del siglo XXI" esbozada en el pacto de Gobierno de 2019, y remarca su objetivo de "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido", dando "cumplimiento" a la Carta Social Europea y "reforzando la causalidad" al momento de extinción de la relación laboral. Esto apunta a establecer una indemnización variable en función de las circunstancias del trabajador.

La coalición de PSOE y Sumar fundamenta su propuesta en una decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales, que determinó que la actual indemnización tasada en España "vulnera la Carta Social Europea y no es proporcional ni disuasoria".

 

Indemnizaciones

Sumado a esto, la coalición plantea una profunda revisión de las causas de extinción del vínculo laboral, extendiendo la protección al período de prueba. Dentro del gobierno en funciones (que aspira a ser investido para un nuevo período) consideran que al actuar sobre la causalidad se darán más herramientas a los jueces para decretar la improcedencia del despido, y que la empresa se vea obligada a readmitir al trabajador o a pagar una indemnización más alta.

Esto da en el corazón de la reforma llevada adelante por el Partido Popular en su momento,  que buscó judicializar los despidos, pero bajando el monto de las indemnizaciones.

Una segunda parte de la ofensiva pro derechos tiene como objetivo "reforzar las garantías de las personas trabajadoras" en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, debilitando los acuerdos por empresa. En ese sentido, PSOE y Sumar son contundentes. "Revisaremos las causas para que solo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa se pueda recurrir a estos procedimientos", afirman. En esa línea, esos acuerdos deberán ser negociados dando prioridad a las "organizaciones sindicales" y garantizando su "carácter reversible".

 

Objetivos

La firma de acuerdos por empresa con cláusulas menos favorables a los trabajadores que las de los convenios colectivos había sido otra de las propuestas del PP en su momento, para flexibilizar las condiciones laborales, en función de las necesidades de las empresas, supuestamente para "evitar despidos".

La reforma de 2021 del actual ejecutivo había repuesto la ultraactividad de los convenios  suprimida en 2012, así como también la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa en ítems como los salarios. El acuerdo actual se compromete a "mejorar" la información económica a disposición de los negociadores de los convenios colectivos de ámbito "supraempresarial",

Con esto, la coalición apunta a un doble objetivo. Por un lado, convencer a sus socios potenciales de ERC y Bildu, que exigían una derogación total de la reforma de 2012 para apoyar una nueva investidura de Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente en funciones. Por el otro, desactivar la posibilidad de despertar resistencias en Bruselas, que avaló la flexibilización de Rajoy al igual que hizo con la reforma del 2021.