Una fuerte polémica sacude a la zona norte del conurbano bonaerense. Doce familias denuncian al reconocido productor de telenovelas Enrique "Quique" Estevanez y a sus hijos por intentar llevar adelante un desalojo violento en terrenos ubicados frente a Nordelta, en la localidad de Tigre. Se trata de vecinos que aseguran vivir allí desde hace más de 20, 30 o incluso 35 años, y que podrían quedar en la calle en cuestión de semanas.

Según relataron los vecinos afectados, la tensión se disparó a fines de mayo, cuando comenzaron a llegar citaciones judiciales. María del Carmen, una de las habitantes del lugar, explicó que el 28 de mayo recibió una orden de desalojo. Otra vecina, Mariana, afirma haber dialogado directamente con Estevanez, quien —según su testimonio— les advirtió: “Se tienen que ir. No les voy a dejar tocar nada. Apenas si van a poder sacar una ventana”.

Las familias aseguran a Cronica TV  que el productor no mostró empatía por la presencia de menores ni personas con discapacidad entre los residentes, y denuncian que se han sentido amenazadas: “Viene, amenaza y se va. No hay diálogo, ni propuesta de reubicación. Nos quieren sacar de forma brutal”.

 

Viviendas de material y décadas de ocupación
 

Lejos de tratarse de ocupaciones recientes o precarias, los vecinos sostienen que las viviendas son de material y reflejan una ocupación de larga data. Mariana vive allí hace más de dos décadas; en su casa murieron su suegro y su suegra. Brenda, madre soltera de cinco hijos, construyó su hogar sin ayuda. “Somos vecinos, no usurpadores. No le sacamos nada a nadie, cuidamos este lugar”, remarcan.

Cuestiones legales: usucapión y una causa que se arrastra desde 2014

La disputa tiene una arista judicial compleja. El juicio de desalojo se inició en 2014, pero la empresa Caro Primo S.A., presunta dueña de los terrenos, fue adquirida por la familia Estevanez recién en 2022, con el proceso legal ya en marcha. La causa está a cargo de la jueza María Teresa Petrone.

Abogados consultados por los vecinos señalan que podría corresponder una figura de posesión veinteañal o usucapión, si se prueba ocupación pacífica, continua y pública durante más de 20 años. Sin embargo, los vecinos aseguran que nadie les explicó sus derechos ni les ofreció una defensa adecuada.

Además del temor al desalojo, las familias viven en condiciones precarias: sin agua potable, sin recolección de residuos y sin acceso a luz eléctrica. Dependen de un “aguatero” que pasa semanalmente, y aseguran que “pagamos para que nos pongan medidores de luz, pero nunca vinieron”. Incluso acusan a la familia Estevanez de “pagar para que no se conecte el servicio”.

Paradójicamente, los residentes cuentan con DNI, actas de nacimiento y defunción que consignan la calle Santa Marta como su domicilio legal, lo que implicaría que el Estado los reconoce como habitantes del lugar. Sin embargo, esa documentación no les permite acceder a servicios ni pagar impuestos como cualquier ciudadano.

 

La presencia de menores —varias familias tienen entre 3 y 5 hijos— y personas con discapacidad agrava la situación. La abogada de los vecinos, Denis, advirtió que no se ha dado intervención a la Defensoría de Menores, como exige la ley en causas que involucran niños.

“Esto no es solo una pelea por la tierra. Es una pelea contra el poder. Contra el que tiene plata y contactos”, dicen los vecinos. Creen que detrás del proceso hay un negocio inmobiliario, vinculado al crecimiento de Nordelta y la posible construcción de edificios en la zona. “La casa me la levanto yo. No le pagué a nadie para que me la haga. ¿Ahora nos quieren borrar de un plumazo?”, se pregunta Mariana.