El juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó por contrabando agravado y defraudación a la administración pública a los directivos y accionistas de la firma NRG Argentina SA, y constituye el primer precedente en el que gracias al intercambio de información tributaria con Estados Unidos se probó una maniobra de sobrefacturación de importaciones y se rastreó el flujo de dinero excedente que terminó liquidado en una sociedad de bolsa local.

El juez González Charvay no solo consideró probada la maniobra, incluso contra el despachante, sino que trabó embargos por $5 mil millones y concluyó que el expediente -originado en las primeras denuncias penales de la Aduana del año pasado- está con la suficiente cantidad de prueba como para ya ser elevado a juicio oral.

Sobrefacturación

El procesamiento de 102 carillas alcanza a los responsables de la empresa que opera en Vaca Muerta y del supuesto proveedor en el extranjero Marull Heavy Equipment LLC por 24 operaciones.

Otra causa por la misma maniobra, pero cuya mercadería ingresó a través del Puerto de Buenos Aires y está a cargo del juez penal económico Pablo Yadarola sigue el mismo camino.

Entre 2019 y 2022, NRG Argentina había recurrido a dólares a valor oficial del BCRA para concretar importaciones de bienes de capital por USD232 millones. Tenían como objetivo adquirir maquinaria pesada para el montaje y puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silíceas, insumo para sostener la producción en Vaca Muerta.

La fiscalización de Aduana detectó “sustanciales diferencias” en los valores de la maquinaria adquirida a un proveedor en los Estados Unidos –Marull Heavy Equipment LLC- que, incluso, quedaron plasmadas en los documentos de exportación de esa firma.

 

Pero la información que llegó desde el extranjero merced al acuerdo de intercambio de información tributaria es que uno de los socios de NRG era a su vez apoderado de una cuenta bancaria ligada a Marull desde donde se autorizaron giros por USD43 millones que retornaron a la Argentina mediante sociedades de bolsa y se sospecha que fueron liquidados a valores CCL para hacerse de la diferencia cambiaria.

Pablo Marull –directivo de la “exportadora”- tenía además una relación comercial no declarada con Oscar Güercio –presidente de NRG y su único cliente- vía una Sociedad de Acciones Simplificadas (SAS) llamada MARDG.

El caso marca un hito no solo por ser el primer precedente donde queda expuesta la maniobra, la ruta del dinero y los responsables que deriva en un procesamiento judicial, sino que fue uno de los elementos discutidos en la reciente reunión en los Estados Unidos entre el titular de la Aduana Guillermo Michel y las autoridades de control norteamericano Ricardo Mayoral subdirector de Homeland Security Investigations.

Le arrancaron el compromiso de que a partir de mayo se acreciente el flujo de información desde el Trade and Transparency Unit (TTU). Todos elementos que fortalecen los acuerdos de intercambio porque tienen un correlato concreto. Y el caso NRG constituyó el primer ensayo de confianza para testear esa relación siempre sensible.