El Foro Economía y Trabajo (FEyT), conformado por economistas y especialistas a propuesta de organizaciones sindicales, advirtió que el Gobierno impulsa un "jubileo fiscal" en favor de los sectores más concentrados de la economía. En un documento, alertaron que mientras se agravan violaciones a normas constitucionales, se avanza en una reforma de la Ley Penal Tributaria que beneficia a quienes más tienen y más evaden. También señalaron que "está en carpeta un proyecto de Súper IVA que, de prosperar, implicaría transferencias de fondos nacionales a las provincias a cambio de eliminar ingresos brutos, lo cual afectaría la equidad tributaria federal.

Sin fiscalización

El documento del FEyT apunta contra la eliminación de funciones clave de fiscalización en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). “No es casual que esa denominación omita la fiscalización: se dictaron normas para reducir la información que los contribuyentes deben proveer, impidiendo a ARCA ejercer el control tributario necesario”, advierten.Entre otras medidas regresivas, señalan que las declaraciones juradas ya no deben incluir patrimonio ni consumo, dificultando la verificación del nivel de vida en relación con los ingresos declarados. A esto se suma un proyecto de reforma de la Ley Penal Tributaria, la Ley de Procedimiento Fiscal y las normas de prescripción fiscal, de seguridad social y del sistema nacional de salud, que debilitan drásticamente la capacidad sancionatoria del Estado.Los montos mínimos para configurar delitos fiscales serán actualizados, pero también se amplían las posibilidades para eludir sanciones penales, incluso en casos de condena firme. “Sólo las autoridades de ARCA saben cuántos juicios caerán con esta reforma. El Congreso debe exigir información detallada”, plantea el documento.

 

Obligación de los legisladores

La incoherencia normativa, según el FEYT, se extiende al régimen penal. “Si los nuevos umbrales para delitos fiscales son más altos que los del Código Penal, se pierde el delito precedente necesario para juzgar por lavado de dinero. Esto afecta la lucha contra delitos graves como narcotráfico, trata de personas, corrupción o contrabando”.Argumentan que a los evasores se les ofrece un abanico de beneficios: si admiten el hecho antes de 30 días de la denuncia, sólo pagarán una multa del 50% del monto evadido. También se permite cerrar causas con la prescripción, sin aclarar si esto incluye a personas que ya están cumpliendo condena, detalló el foro.Se incorporan causales para que ARCA ni siquiera realice denuncias penales, como justificar por escrito el criterio impositivo seguido, o presentar declaraciones rectificativas antes de una verificación. Asimismo, se reducen de cinco a tres años los plazos de prescripción si el contribuyente presentó la declaración en término y la diferencia fiscal no es “significativa”, sin precisar ese concepto.

No es un volante tapón, es tapón fiscal

El Gobierno también propone una declaración jurada simplificada para Ganancias que, según el FEyT, es un “tapón fiscal” para grandes contribuyentes. Este régimen sólo está vedado para quienes tengan ingresos o patrimonio mayores a $1.000 millones, o sean “grandes contribuyentes nacionales”.Quienes adhieran a esta modalidad gozarán de una presunción de exactitud tanto en Ganancias como en IVA, incluso en períodos no prescriptos. Sólo si ARCA detecta una “discrepancia significativa” —por ejemplo, un ajuste superior al 15% o más de $100 millones— podrá abrir fiscalizaciones.El documento subraya que esta modalidad incluye un “perdón anticipado”, incluso para el uso de facturas apócrifas, si se rectifica la declaración y se paga la diferencia. Además, los que hayan adherido al último blanqueo de activos quedarán excluidos de nuevas verificaciones, lo que equivale a permitir un nuevo blanqueo encubierto.También se impide a las provincias y a CABA establecer sus propios plazos de prescripción de deudas fiscales, alineándolos con el nuevo esquema nacional, lo cual recorta su autonomía tributaria.

Abriendo los ojos

El foro insta al Congreso “a no legislar a ciegas y exige transparencia” sobre el impacto fiscal de estas medidas. “Argentina figura entre los países con mayor evasión fiscal, con una pérdida estimada superior al 4,4% del PBI. Mientras se perdonan miles de millones a los evasores, se rechaza con cinismo un incremento del 7,2% a las jubilaciones, que representaría apenas el 0,26% del PBI”, señalan.Advierten que la caída deliberada de la recaudación será la excusa para nuevos recortes: “Sin presupuesto aprobado, el Gobierno continuará reduciendo jubilaciones, salarios estatales, inversión en salud, educación, ciencia, infraestructura y seguridad. Es una estrategia de miseria planificada que avanza hacia la conversión de Argentina en una colonia económica”.Con coordinación de Eduardo Berrozpe, el FEYT está integrado entre otros por: Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Hugo Castro, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Rubén Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, José M. Fumagalli, Américo García, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinovsky, Santiago Mancinelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Tomás Raffo, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella y Nahuel Silva.