Mariano Isacama, líder de la comunidad indígena kakataibo, asentada en el departamento peruano de Ucayali (Amazonía central), fue hallado sin vida el 14 de julio cerca al río Yurac en dicha jurisdicción. Su cuerpo presentaba signos de violencia.

La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) denunció la desaparición de Isacama 23 días antes de que su cuerpo fuera hallado. Las autoridades, según Fenacoka, no hicieron nada pese a que fueron informadas sobre amenazas de muerte que había recibido el líder por parte de narcotraficantes y mafias de tala ilegal.

Con la muerte de Isacama se sumaría una víctima más a la lista de líderes indígenas o defensores ambientales asesinados por mafias dedicadas al narcotráfico (que incluye a agricultores de hoja de coca), la tala ilegal y la minería ilegal, un problema que va creciendo en la Amazonía peruana con poca o nula respuesta del Estado.

MODOS DEL CRIMEN

Carlos Quispe Dávila es líder de Proyectos en el Programa Derechos de la organización civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), dedicada a la problemática de la depredación de la Amazonía.

En diálogo con la Agencia Sputnik, Quispe Dávila afirma que el problema de la deforestación del bosque amazónico va en aumento de la mano de las actividades ilícitas mencionadas.

"Hay un incremento de actividades ilícitas en la Amazonía. Por ejemplo, si vemos los informes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas sobre el monitoreo de cultivos ilícitos, vas a ver una tendencia de expansión de los cultivos de hoja de coca, particularmente hacia las zonas de áreas naturales protegidas o hacia zonas de comunidades nativas. En la práctica, lo que está ocurriendo es que hay una presión muy intensa sobre los territorios amazónicos, pues ponen en constante conflicto a comunidades con gente que viene de afuera" de las comunidades, dice Quispe Dávila.

El representante de DAR señala que estas personas que vienen "de afuera", finalmente miembros de mafias, ingresan a los territorios de las comunidades de manera pacífica ofreciendo un pago por derecho de paso a un terreno que han adquirido legalmente, pero que luego viene la invasión de los territorios y al final los indígenas son forzados, bajo amenazas, a que los dejen operar en sus dominios.

Este modus operandi puede suceder con la tala ilegal, la minería ilegal, los cultivos de coca ilegales o el narcotráfico.

En teoría, estas amenazas e invasiones pueden ser denunciadas ante las autoridades, pero como apunta Quispe Dávila, las comunidades de la Amazonía peruana se enfrentan a un problema de "corrupción institucionalizada".

Dentro de este contexto, aquellos indígenas amenazados de muerte, mayormente líderes de sus comunidades, no denuncian los hechos porque saben que las autoridades tienen contacto con las mafias y son ellas las que van a dar aviso a los delincuentes sobre quién está "fastidiando" sus operaciones ilícitas.

Es posible que muchos de los asesinatos o situaciones de hostigamiento contra líderes o defensores ambientales se hayan producido luego de que las autoridades corruptas hayan delatado a aquellos indígenas que están "causando problemas".

CIFRAS DEL PROBLEMA

Según cifras de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, organización civil que agrupa a los pueblos indígenas, con 1.809 comunidades asociadas, desde 2014 hasta la fecha se han cometido un total de 35 asesinatos contra líderes o defensores ambientales.

Por su parte, el Ministerio de Justicia (Minjus) no tiene una cifra de asesinatos, pero tiene un registro de "situaciones de riesgo", que son situaciones de amenaza, hostigamiento o criminalización de la actuación que hace la persona defensora.

Según el Minjus, entre el 2019 y mayo del 2024 se han reportado 388 situaciones de riesgo.

"No son cifras menores, y creo que es indispensable comprender que lo que defiende el defensor ambiental o indígena no sé circunscribe a lo individual, es decir que no se trata de la persona per sé sino de lo que representa como colectividad, y que los territorios que protegen tiene un carácter más colectivo que debería ser atendido, y esto significa tener seguridad jurídica sobre esos territorios", indica Quispe Dávila.

Por otro lado, apunta que, cuando se denuncian las amenazas como un primer paso para prevenir posibles asesinatos, existen factores que no se toman en cuenta como el idioma (algunos defensores no hablan español, que es el idioma que emplean las autoridades), o no se toman en cuenta las distancias largas que hay entre las comunidades remotas y las ciudades, donde se hacen las denuncias, algo que redunda en la dificultad para que estas prosperen o que explican su archivamiento.

"Se necesita involucrar los tres poderes del Estado y a los organismos autónomos constitucionales para articular, a través de comisiones de alto nivel, la lucha cuando un problema se torna grave", dice Quispe Dávila como una salida a mediano plazo.

Asimismo, apunta que 35 muertes en tanto tiempo pueden que no suene a algo grave, pero lo que se debe entender es lo que está en juego detrás de todo esto, que son hectáreas de territorios que se están defendiendo y que, de no hacerlo, nos va a afectar a todos en un contexto de la crisis climática.

Fuente: Sputnik