El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, confirmó que en noviembre de 2019 "ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros" a Bolivia, lo que constituye "tráfico ilícito de municiones" y "está penado con 30 años de prisión".

Del Castillo hizo estas declaraciones en el marco de una conferencia de prensa en la que se informó que "se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía de Bolivia" que son parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería argentina pidió sacar del país el 12 de noviembre de 2019, durante las últimas semanas del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, con el argumento de defender la embajada argentina en el La Paz.

"El tráfico de armas está penado en Bolivia con 30 años de prisión. Quiero hacer hincapié en el tema de la Argentina. En bodegas de la policía boliviana se encontró material. Una parte fue enviado legalmente y otra parte se hizo de manera ilegal y lo estamos investigando", dijo Del Castillo, quien mostró parte del armamento hallado en bodegas.

Algunas de estas balas estaban escondidas en bolsas rotuladas como "guantes" y otras estaban en cajas con el sello de la Gendarmería argentina dentro del depósito de la Policía en el que se hallaron, precisó Del Castillo.

Aun así, el informe interno que elaboró el Ministerio de Seguridad de Sabina Frederic determinó que en noviembre de 2019, durante las últimas semanas de gestión de su antecesora Patricia Bullrich, fueron enviadas a Bolivia también granadas de gas, escopetas, fusiles y armas automáticas.

La última semana, el ministro de Justicia, Martín Soria, ya advirtió que Macri podría ser extraditado a Bolivia en el marco de la causa en la que ese país investiga el tráfico de armas por parte de Argentina.

 

La UIF pide tener acceso a la causa para evaluar la responsabilidad de la Aduana

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió este lunes al juez en lo penal económico Javier López Biscayart tener acceso a la causa en la que la justicia argentina investiga el envío del material represivo a Bolivia, para evaluar si pudo haber algún delito por parte de funcionarios de la Aduana.

El organismo solicitó "tomar vista de las actuaciones de modo de contar con información que permita, en su caso, promover querella penal contra los imputados", informaron fuentes de la UIF.

La semana pasada, el fiscal de la causa, Claudio Navas Rial, imputó a Macri, a Bullrich y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y pidió al juzgado habilitar la feria judicial para avanzar con medidas de prueba.

López Biscayart debe decidir si acepta este pedido y analizar las pruebas que pidió el fiscal.

La UIF, por su parte, presentó un escrito en el que sostuvo que en la maniobra pudo haber "la falta de control por parte de empleados y empleadas de la Aduana con la participación de funcionarios y funcionarias que ostentaban, al momento de los hechos, las máximas responsabilidades institucionales en la Administración de los bienes del Estado".

Esto "daría pie para investigar también la traza del equipamiento, su destino final, y su eventual introducción en el mercado ilegal de armas"

La UIF aludió a los posibles delitos de contrabando agravado de armamento bélico, malversación de caudales públicos y un delito precedente, lavado de activos a través del contrabando.