La Comisión Europea, inició acciones legales contra Londres por aplazar de forma unilateral los controles aduaneros entre el Reino Unido y su provincia de Irlanda del Norte.

La decisión fue tomada por el Gobierno británico el 3 de marzo, cuando sin avisar y por sorpresa anunció el aplazamiento por seis meses de la aplicación de controles de aduana sobre las mercaderías enviadas desde el Reino Unido a su provincia de Irlanda del Norte, que debían comenzar el próximo 1 de abril.

El vicepresidente de la Comisión Eurpoea, Maros Sefcovic, se aseguró la semana pasada el apoyo de los 27 países de la UE, y dio un doble paso, legal y político. Por un lado, inició el procedimiento de infracción por violar el protocolo sobre Irlanda recogido en el acuerdo de Retirada, a través del envío de una carta de emplazamiento en la que denuncia al Gobierno británico ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Al mismo tiempo, envió una “carta política” al responsable de relaciones con la UE del Reino Unido, David Frost, en la que pide que rectifiquen, dialoguen y no violen los compromisos acordados.

“La UE y el Reino Unido acordamos juntos este protocolo. Estamos obligados a aplicarlo juntos. Las decisiones unilaterales y las violaciones del derecho internacional por el Reino Unido perjudican este objetivo y debilitan la confianza entre nosotros”, declaró el comisario Sefcovic.

En octubre Bruselas ya abrió un primer procedimiento de infracción contra el Reino Unido por un proyecto de ley que violaba el acuerdo de Retirada, aunque aquella iniciativa finalmente fue desechada por Londres.

La disputa toca un punto extremadamente sensible del Brexit y uno de los que más costó de acordar, cómo cuadrar que no se restablezcan fronteras físicas en la isla de Irlanda y, al mismo tiempo, mantener abierto el acceso al mercado único. La alternativa, aceptada por Londres, fue que los controles de algunos bienes tendrían que fijarse entre el Reino Unido y su provincia de Irlanda del Norte. 

“Fue una solución imaginativa”, dicen fuentes europeas, especificando que permite que la provincia británcia de Irlanda del Norte continúe siendo parte del mercado interior a pesar de la salida del Reino Unido de la UE. Es decir, los controles se trasladan al interior del Reino Unido, lo que por supuesto no es una salida fácil de aceptar para Londres. Pero fue la fórmula elegida para salvar los acuerdos de Viernes Santo de 1998 y evitar que la violencia vuelva a Irlanda del Norte.

Los controles que, de común acuerdo entre el Reino Unido y la UE, se retrasaron hasta el 1 de abril, pero a partir de aquí Londres decidió unilateralmente una nueva postergación hasta octubre.

La iniciativa británica incluye medidas como una exención más prolongada de la documentación que debe acompañar a los pedidos de alimentos que van del Reino Unido a los supermercados de Irlanda del Norte. Para Bruselas esto supone agujerear la frontera de la Unión Europea con el resto del mundo.