Luego de que el Senado expulsara a Edgardo Kueider de la Cámara con una amplia mayoría, el Gobierno planteó la invalidez de la sesión y el senador afectado presentó una acción de amparo, de la mano de un pedido de una medida cautelar, para anularla. ¿Qué probabilidades hay de que la Justicia deje sin efecto la sesión y qué consecuencias habría si esto sucede?

La demanda presentada por el entrerriano en el fuero Contencioso Administrativo Federal, a la que accedió BAE Negocios, destaca dos argumentos clave. El primero va en relación con el escándalo que desató la cúpula libertaria el fin de semana: que la vicepresidenta Victoria Villarruel presidió la sesión mientras Javier Milei se encontraba en el exterior, por lo que quedaba a cargo de la Presidencia de la Nación.

“Eso no me parece justiciable porque los senadores la reconocieron todo el tiempo como presidenta de la sesión. Y no existe la nulidad por la nulidad misma: Kueider tendría que explicar y acreditar cómo el incumplimiento de Villarruel, en ese caso, lo perjudica. Lo cierto es que no tuvo injerencia ni intervención en el resultado”, opinó un jurista en diálogo con este medio. Sobre este mismo punto, además, otro especialista consultado defendió que en realidad la vice no incumplió sus funciones porque no fue notificada por un documento oficial.

El Gobierno difundió, en medio del tiroteo con la vice por quién dice la verdad, el GDE mediante el cual la Casa Militar notificó al Senado sobre el viaje presidencial de Milei a la República de Italia el jueves a las 12 horas -más de media hora después de que comience la sesión-. En él, queda claro que fue dirigido el 10 de diciembre al escribano Martín Rodríguez Giesso, no a la vice. También compartieron un screenshot de WhatsApp en donde evidenciaron que el documento fue enviado a la secretaria María Guadalupe Jones ese mismo martes. Villarruel no firmó el traspaso hasta el jueves a las 19, ya habiendo concluido la sesión. El propio jefe de Estado, en declaraciones radiales, denunció que el escribano Giesso fue ignorado por la vice durante esas 48 horas previas y que ella esperó adrede hasta después de la sesión para firmarlo. 

De todos modos, el escándalo institucional que dejó a la Argentina acéfala por siete horas el 12 de diciembre, no tiene sustento legal para invalidar la sesión: el acto jurídico se completa cuando el acta se firma y es recién desde entonces que un vicepresidente queda a en posesión del Poder Ejecutivo, no de forma automática. “La sesión comenzó con quórum legal, y el traspaso no se notifica por WhatsApp, es mediante comunicación oficial”, opinó uno de los constitucionalistas, y aseguró: “No se va a anular”.

El otro argumento que presentó el letrado de Kueider se mete de lleno con el accionar del Senado en cuanto a que la expulsión violó el derecho de defensa y del debido proceso legal. “Lo que ocurrió no fue más que un juicio inquisitivo”, expresa el expediente en el que denuncian la ausencia del senador. “Nunca se le otorgo vista de las actuaciones para que se defienda, ni se le dio, ni siquiera por medio electrónico atento su situación la posibilidad de presentar su descargo o realizar su defensa”, agrega el escrito.

El Senado excluyó a uno de sus miembros bajo la disposición constitucional que otorga el artículo 66: “Cada Cámara podrá con dos tercios corregir a cualquiera de sus miembros o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviviente a su incorporación”, contempla la norma en la que se basó el pedido de Unión por la Patria para impulsar el pedido de expulsión. En el Congreso lo consideran una decisión arbitraria: con dos tercios, todo se puede.

Pero el abogado Maximiliano Ruiz denunció, en ese marco, que se dispuso “una remoción sin un solo elemento de prueba institucional”, puesto que “se removió a un senador con dos fotocopias que nadie autenticó”. En ese sentido, más adelante, agrega que los hechos que motivaron a la exclusión -que lo hayan encontrado en Paraguay con más de 200.000 dólares sin declarar- derivan de “haber visto videos y no prueba objetiva”.

Con todo, destacó que los senadores expusieron que “su voluntad se encontraba viciada y que su voto no era resultado de su libre voluntad, sino de una coacción”, en línea con que el oficialismo confesó a viva voz, a través del jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, que ellos hubiesen preferido votar una suspensión pero, al no contar con el apoyo suficiente, terminaron resignándose al pedido de los K, tal como contó BAE Negocios. 

Ante este escenario, Kueider pidió la anulación de la sesión, la declaración de su inconstitucionalidad y una cautelar inmediata, urgente y provisoria que suspenda los efectos mientras se lleva a cabo el procedimiento judicial. Esta última será la clave para el Gobierno, que a toda costa quiere evitar que asuma la camporista Stefanía Cora en reemplazo del exlegislador. Solo con una medida cautelar podría quedar sin efecto la sesión, al menos para postergar su asunción al Senado, ya que el procedimiento judicial, con la feria de enero a la vuelta de la esquina, tiene un largo recorrido por delante.

A los tiempos del proceso se suma que, además, la Justicia suele despegarse de las definiciones políticas en sus fallos. “El órgano jurisdiccional no se entromete en facultades propias de otro poder del Estado, salvo que exista una violación de garantías constitucionales. Sería una grave invasión a la zona de reserva del Congreso; una vez más, la Justicia al servicio de la política”, contempló, en ese sentido, uno de los juristas. En ese sentido, ven descabellado que un tribunal decida sobre los asuntos internos de cada Cámara.

Si el peronismo suma una banca más -la “recupera”, en realidad, puesto que Kueider ingresó por la lista del Frente de Todos antes de servir a los intereses del oficialismo-, quedarían a solo 3 legisladores del quórum: un número fácil de conseguir, puesto que los “dialoguistas” del Senado son más escépticos con el Gobierno que en Diputados. En ese contexto es que el oficialismo, ante todo, quiere reservarse la banca de Kueider. Sin una cautelar, la sesión queda firme y podrían avanzar con el reemplazo.

Aunque en un escenario más que lejano, de conseguir que se anule la sesión el oficialismo descuenta que estarán nuevamente los votos para removerlo otra vez si hace falta. Sin embargo, dependerá de los tiempos: si eso sucede una vez que el tema deje de presionar en la agenda, los que votaron presionados por el “qué dirán” se vuelven grises. Especialmente los del PRO y la UCR, que estaban dispuestos a ir hacia una suspensión y pegaron volantazos de último momento. Los amarillos tuvieron fuertes repercusiones con el Gobierno, puesto que en Balcarce 50 los consideraron traidores y el mismo Mauricio Macri públicamente se expresó en contra del accionar de tres legisladores suyos que contribuyeron a la exclusión de Kueider.