PAMI

Cerraron diez clínicas en el conurbano y se teme una "estatización silenciosa"

La mayoria de los sanatorios bonarenses dependen de PAMI y otras obras sociales. La baja rentabilidad durante la pandemia puso en riesgo su subsistencia. Desde el ministerio dirigido por Daniel Gollan piensan replicar el adelanto de prestaciones que implementaron el año pasado

BAE Negocios

El cierre de diez sanatorios privados en el conurbano bonaerense disparó las alarmas entre las clínicas de Buenos Aires. Sumado al notable desgaste de otras tantas que permanecen al borde de la quiebra, comenzaron a generarse dudas en el sector sobre si el gobierno pretende realizar una "estatización silenciosa". Ante este panorama, el ministerio de salud provincial plantea replicar la fórmula de asistencia al sistema privado que se utilizó el año pasado.

En diálogo con Crónica, la presidenta de la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), Teresita Ithurburu, señaló que "no se entiende hacia dónde apunta” el accionar del gobierno provincial: “¿Estatizar todas las clínicas privadas? Es lo que algunos dicen que se está buscando", planteó. En ese sentido, aseguró que "la situación  es muy compleja” y que no ve "que haya real conciencia” de lo que se atraviesa en el sistema prestacional. 

"Todos los días nos llegan noticias de prestadores que están en peligro de cierre y que están ofreciéndose a la venta. Además de esto hay otras clínicas de la provincia de Buenos Aires del interior, que ya habian cerrado durante el 2020", aseguró Ithurburu. 

 

¿Cuales fueron las clínicas que cerraron?

Según datos de la Cámara Argentina de Prestadores del Conurbano (Capresco), desde marzo del año pasado hasta la actualidad cerraron diez sanatorios o clínicas privadas en el Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires (AMBA).  La mayoría son centros que no se financian, como sus pares porteños, a través de prepagas como Swiss Medical, OSDE, Omint o Galeno, sino con las obras sociales grandes: el PAMI, IOMA u Osecac.

De acuerdo a lo recabado por este medio, en el último año se dejó de atender en La Clínica Sagrado Corazón, de Hurlingham; el Sanatorio Mariano Pelliza, de Munro; el Centro de Salud Norte, de Villa Adelina; la Clínica Privada San Andrés, de Caseros; la Clínica Brandsen, de Quilmes; el Sanatorio Plaza, de Escobar; la Clínica Los Almendros, de Don Torcuato, o el Sanatorio San Miguel, de San Miguel, que llegó a estar tomado por los empleados. Cabe destacar que algunos pudieron ser rescatados después de cerrar. Por ejemplo, a la Clínica Nueva Comahue de Temperley la tomó IOMA y a la Clínica San Carlos, de Escobar, el propio municipio.

La Clínica Nueva Comahue en Temperley fue reabierta y es administrada actualmente por IOMA
¿Por qué están al borde la quiebra?

El momento es caótico. El porcentaje de unidades de terapia intensiva destinadas a la atención del coronavirus bajó entre 20% y 30% respecto del año pasado. Una decisión tomada por los propios centros salud. La razón que esgrimen detrás de la decisión es económica, muchas prestadoras se encuentran al borde de la quiebra.  

A diferencia de otros pacientes, quienes padecen de Covid-19 no son rentables para el sistema privado de salud. Por ejemplo, requieren de más días de internación que una cirugía programada. Además, los internados de la segunda ola son bastante más jóvenes que el promedio a los del año pasado y suelen ocupar camas durante más días.

Ante esa sangría de dinero, muchos sanatorios están casi sin ingresos y atravesados conflictos salarias con sus trabajadores. Una de las razones de esta falta de dinero se debe a que la Superintendencia de Servicios de Salud autorizó a las prepagas aumentos del 13,5% desde diciembre frente a costos que, aseguró Ithurburu, superan el 50%

“Es contradictorio que el gobierno nacional haga esfuerzos para sostener el sistema, y el responsable directo que es el PAMI, no llegue a hacer los esfuerzos necesarios para ponerse a la altura de las circunstancias. No aumentaron durante todo el 2020, con un incremento de costo que supera el 50% como mínimo", denunció la entrevistada. 

Para la presidenta de la cámara de prestaciones sociales la decisión de no aumentar “trae estas consecuencias” negativas para el sistema de salud: “Quienes no se atienden en estas clínicas, van a ir a otra, inevitablemente, y entonces el problema no es de un sector en particular sino de todo el sector de salud", subrayó. 

Sin embargo, a pesar del panorama adverso Ithurburu argumentó que  "conociendo la realidad prestacional de PAMI” la posibilidad de estatizar el sistema de salud, como se rumorea, “es inviable” y que en caso de hacerse pondría “en jaque su presupuesto”. 

 

Las respuestas de la Provincia

Mientras tanto, desde el Ministerio de Salud de la provincia, que conduce Daniel Gollán, piensan repetir la fórmula que aplicaron con el sistema privado en 2020. Durante el primer año de la pandemia se realizó un acuerdo con las cámaras privadas para garantizar camas suficientes y se adelantaron las prestaciones correspondientes. De acuerdo a fuentes de la cartera de Salud bonaerense, “la idea es hacer lo mismo” en 2021. 

A pesar de que Ithurburu reconoció que el gobierno “ha hecho muchos esfuerzos para sostener a los prestadores de salud”, consideró que “eso no alcanza si no se llega a soluciones de fondo”.  Además aclaró que "es sorprendente que un modelo de desfinanciamiento y vaciamiento prestacional que se estableció con las autoridades anteriores, haya sido profundizado por la gestión actual del PAMI".  

Consultada sobre una posible solución a la problemática, apostó porque el PAMI ponga en marcha “un programa de fortalecimiento de sus prestadores” para mejorar los alcances para la atención del Covid-19 aunque de una manera tal en que no ponga “en peligro el presupuesto”

Por último, Ithurburu precisó estar transitando “la mayor de las angustias” por la situación que les toca vivir: "En el medio de todo esto está los trabajadores, los prestadores y también los afialiados de las obras sociales”, concluyó.

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