Clases presenciales: Tensión entre Nación y Ciudad e incertidumbre en entidades educativas

Mañana entrará en vigencia el DNU del Poder Ejecutivo nacional que dispuso la suspensión por 15 días de las clases presenciales en el AMBA. La judiacilización de la medida por parte del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, generó desconcierto en establecimientos educativos de ese distrito. Se espera que la Cámara de Apelaciones porteña resuelva en las próximas horas a favor o en contra. Por su parte, mañana lunes, en los 40 municipios que conforman el Area Metropolitana afectados por la segunda ola de coronavirus, comenzará a regir la medida   

haranda

En un clima de tensión entre Nación y Ciudad y de incertidumbre por parte de las entidades educativas porteñas, a partir de mañana comenzará a regir el Decreto de Necesidad y Urgencia 241/21 mediante el cual el Poder Ejecutivo nacional dispuso la suspensión de las clases presenciales por un lapso de 15 días en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) a los fines de mitigar los contagios en medio de la segunda ola de coronavirus.

A la espera de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia frente a la presentación de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada el viernes pasado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contra la decisión del Gobierno nacional, dos decisiones judiciales se expresaron en sentidos inversos.

Por un lado, una acción de amparo presentada por un grupo de padres patrocinados por la Defensoría Oficial porteña en la que se oponían a la suspensión de las clases presenciales decidida por el presidente Alberto Fernández, fue rechazado "in limine" por la jueza en lo contencioso administrativo Romina Tesone.

La magistrada decidió no hacer lugar al “amparo incoado con relación a la pretensión consistente en que ordene al Gobierno local defender la Autonomía de la Ciudad", declarando inconstitucional el DNU 241/21 por el que se instaura las clases virtuales en el AMBA, a partir de mañana.

Tesone se declaró incompetente para decidir la constitucionalidad del DNU y alegó que el Gobierno porteño ya acudió a la Corte Suprema para que se expida sobre el asunto y remarcó que la procuradora de la Corte Suprema, Laura Monti, ya dio dictamen favorable a que el máximo órgano de Justicia se expida sobre el asunto. 

Por su parte, esta mañana la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, resolvió a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas a partir de este lunes pese al decreto del Gobierno Nacional que prohíbe el dictado de clases presenciales en la Capital.

Los amparos habían sido presentados por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas.

Gobierno porteño a la espera 

Por estas horas, el gobierno porteño aguarda con expectativas lo que en el día de hoy podría resolver la Sala IV de la Cámara de Apelaciones porteña.

En tanto que los abogados Adrián Albor y María Cecilia Fernández, en representación de sus hijos, recusaron hoy a través de un escrito a una de las integrantes de la Sala IV, Nieves Maquiavelli, debido a que está “es hermana del principal armador político de Rodríguez Larreta”, es decir, Eduardo Maquiavelli, funcionario del Gobierno porteño y secretario general del PRO a nivel nacional.

Los abogados consideraron que existe “un fundado temor a que no pueda decidir con ecuanimidad”, por lo que decidieron recusarla para que se aparte “del conocimiento de la causa”.   

Provincia suspende las clases en AMBA

Lo cierto es que pese a la judicialización del DNU que suspende las presencialidad en los colegios, y más allá de lo que se dirima en el ámbito del territorio porteño, el gobierno Bonaerense de Axel Kicillof avanzará mañana con la suspensión de “las clases presenciales por dos semanas” en los 40 distritos que conforman el AMBA que se encuentran “fuertemente afectados por la segunda ola de COVID 19”.

Desde la administración de la Provincia advirtieron que los establecimientos que incumplan con esa medida podrán “ser sancionados”, ya sea mediante un “apercibimiento hasta la potestad de perder la habilitación”, dependiendo de la magnitud del incumplimiento.

 
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