Tras la ruptura diplomática de hecho con Venezuela, luego de que el Gobierno desconociera los resultados oficiales que proclamaron la reelección de Nicolás Maduro en las elecciones del domingo, el Gobierno mantiene la posición de fuerza contra el gobierno caribeño mientras negocia garantías para los seis políticos locales asilados en la embajada argentina en Caracas, a la que le cortaron ayer el suministro eléctrico.

Tras anunciar, el lunes, la expulsión de los representantes de la Argentina, Maduro lanzó un ultimátum de 72 horas a la delegación diplomática para que abandone el país. Fuentes diplomáticas revelaron a la agencia Noticias Argentinas que "todo está siendo evaluado", y que aún "no hay ninguna definición al respecto".

Lo cierto es que desde la administración libertaria reclaman que el gobierno venezolano "garantice el salvoconducto para los asilados", aunque revelaron que "aún no hay garantías para concretarlo en 72 horas".

La delegación nacional la encabeza el encargado de negocios Andrés Mangiarotti. Mientras que los dirigentes perseguidos por el gobierno venezolano, que responden a la líder opositora María Corina Machado, son Pedro Urruchurtu, Magalí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Facundo Martínez Mottola y Omar González.

A través de un comunicado de prensa, desde la Cancillería repudiaron el corte de luz ordenado por el gobierno venezolano a la embajada argentina en Caracas y alertaron sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos, bajo el amparo de la obligación del Estado de "salvaguardar las instalaciones de la misión diplomática contra intrusiones o daños y preservar la tranquilidad y dignidad de la misma".

"La Argentina hace un llamado a la comunidad internacional sobre la importancia de bregar por el cumplimiento de la normativa internacional que rige las relaciones diplomáticas entre los Estados", remaron desde el Palacio San Martín.

En la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni precisó que "de acuerdo a la convención de Caracas (de 1954), cuando se retiren los diplomáticos se van a retirar también los asilados". "No hay otra decisión que seguir protegiéndolos. Estamos evaluando cómo se desenvuelven los hechos y cuál es la solución", planteó.

La cita a la que hizo mención Adorni data del artículo XIX de la convención que sostiene que "si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquel con los asilados". Además detalla que "si lo establecido en el inciso anterior no fuere posible por motivos ajenos a la voluntad de los asilados o del agente diplomático, deberá éste entregarlos a la representación de un tercer Estado Parte en esta Convención, con las garantías establecidas en ella".

Las opciones que maneja la administración libertaria es, por un lado, que Maduro dé lugar a que los asilados puedan viajar rumbo a Buenos Aires, vía el salvoconducto solicitado; y por otro lado, que sean trasladados a otra embajada de algún país limítrofe. Esta última posibilidad se complejiza dado que el gobierno venezolano decidió expulsar a los diplomáticos de Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay tras no aceptar los resultados emitidos por la Consejo Nacional Electoral (CNE).

De esta forma y hasta el momento, solo Bolivia, Brasil, Colombia y México -aún sin posición formada sobre los comicios- mantienen relación. Ante este panorama, la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión de emergencia para este miércoles a las 15 para abordar los resultados de los comicios en Venezuela.