Luego de que el presidente Javier Milei designara por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla frente a la Corte Suprema, en el Senado predominaron repudios contra la medida y la oposición, que abarca una buena parte de la Cámara, amenaza con rechazar los pliegos de los jueces. Para ello, basta con conseguir un mínimo de 25 votos (para bloquear los dos tercios), y de lograrlo podrían desestabilizar el funcionamiento del máximo tribunal por el resto del año 2025.

Si bien el nombramiento en comisión no debe ser tratado por el Congreso, a diferencia de los decretos de necesidad de urgencia, el Senado sí puede proceder a tratar los pliegos presentados en mayo del 2024 y rechazarlos. De esta manera, desautorizaría a ambos jueces nombrados por decreto. 

El Gobierno podría retirar los pliegos para evitar que eso suceda. De todos modos, en el comunicado de la Presidencia ayer especificaron que “continuarán con el trámite legislativo para que la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”.

El interbloque de 34 senadores de Unión por la Patria, el cual aportó tres firmas para dictaminar el pliego del juez federal, ya había anticipado en noviembre del año pasado que iban a rechazar el pliego de cualquier persona que acepte ser designado juez de la Corte por decreto del Ejecutivo. Ayer, en un comunicado, ratificaron ese compromiso, en línea con un planteo de “inconstitucionalidad”. Así también se expresó el senador radical Pablo Blanco, quien estaba dispuesto a aprobar el pliego de Mansilla, aunque este no obtuvo ni dictamen de comisión.

El bloque que comanda Eduardo Vischi -quien también aportó su firma para el dictamen de Lijo- se sumó a la ola de comunicados repudiando la medida -lo calificaron de “grave, imprudente e innecesario”- pero no especificaron su voluntad de avanzar con el rechazo de los pliegos. Por su parte, la pequeña tropa del PRO en el Senado avisó hace tiempo que no iba a respaldar la candidatura de Ariel Lijo, pero tampoco intentaron rechazarla. Tienen pendiente definir si lo intentarán ahora que fue nombrado en comisión.

El Senado debe reunir dos tercios para aprobar el pliego de un juez ante la Corte, pero basta con un puñado de 25 botones rojos para voltearlo: UxP está solamente a tres voluntades de conseguir los 37 para habilitar la sesión. A los opositores del radicalismo también pueden sumarse miembros del interbloque de Provincias Unidas: la cordobesa Alejandra Vigo, por ejemplo, salió hoy a criticar la medida: “Es un atropello y una amenaza a la división de poderes”, consideró. A ellos puede sumarse el exlibertario Francisco Paoltroni, crítico acérrimo del juez federal.

La prueba de fuego será cuando comiencen las ordinarias la semana que viene. Si bien las expresiones en contra del nombramiento de jueces por decreto volaron por los aires, durante las extraordinarias de febrero ninguno quiso dar quórum para tratar los pliegos. La última oportunidad fue la semana pasada, el viernes 21. En Casa Rosada reconocían que no estaban asegurados los dos tercios pero pedían una sesión igual para aplicar el famoso “Principio de Revelación”, ya que creían que muchos senadores escondían sus cartas pero, a la hora de votar, no se iban a “atrever” a rechazar a Lijo.

En este sentido, lo que defiende el Gobierno es que intentaron avanzar por la vía del Senado, pero la Cámara no quiso tratar las candidaturas -"la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de un poder de la República", criticó el comunicado de Presidencia. Distinto al caso del expresidente Mauricio Macri, que fracasó en su intento de designar a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz por decreto, ya que había sido a cuatro días de asumir y salteándose de cuajo al Senado.

Sumado a esto, el jefe de Estado plantea que "esperar" al Senado no es viable puesto que el objetivo del decreto -que garantiza que las vacantes sean cubiertas de forma temporal por el resto del año- es ”normalizar el funcionamiento del máximo tribunal, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros". Esto refiere a una problemática que la propia Corte Suprema puso sobre la mesa meses atrás, cuando se jubiló Juan Carlos Maqueda: con solo tres jueces no hay posibilidad de conformar una mayoría y esto resulta en un congelamiento de los procesos judiciales.

En diciembre la Corte emitió una acordada en la que establecieron acelerar el mecanismo de reemplazo de jueces por conjueces, una regla histórica que se lleva a cabo cuando no hay posibilidad de acordar entre mínimo tres jueces (es decir, conseguir una mayoría) y ahora en la Corte se aplicaría de forma permanente, hasta que el Senado autorice los pliegos del Ejecutivo. Los conjueces son los presidentes de las Cámaras Federales que se designan por sorteo: si las vacantes no las cubre el Ejecutivo con los nombramientos en comisión, deberán ser cubiertas por conjueces aleatorios. En ninguno de los dos casos habría una Corte Suprema completa con acuerdo del Senado.

El juez Ricardo Lorenzetti, principal defensor de los pliegos de Javier Milei, se distanció de sus colegas frente a esta acordada y cuestionó la medida en cuanto se vería afectada la seguridad jurídica al establecer ese mecanismo de urgencia como una regla general. Cabe destacar que la acordada, de todos modos, consideró mantener a los mismos conjueces ante los casos análogos -sino, los fallos variarían dependiendo del conjuez-.

Frente a este escenario, en la oposición defienden que si el Senado no trató los pliegos es porque el Gobierno no se mostró dispuesto a dialogar. Lo cierto es que en UxP pidieron a gritos una negociación: pusieron sobre la mesa la ampliación de la Corte Suprema, el resto de las vacantes de la Justicia Federal y el Procurador General, pero el Gobierno se mantuvo inamovible en que no iban a ceder frente a ningún pedido de Cristina Kirchner si no se aseguraban a priori los dos candidatos. Ese punto muerto no se pudo revertir.

Con todo, queda por resolverse si Rosatti le tomará juramento a los dos jueces designados por decreto. Ariel Lijo pidió licencia -no renunció- en su juzgado federal en Comodoro Py (por el año que estaría ante la Corte) pero estas deben ser autorizadas por la misma Corte Suprema. La cautela de los propios jueces designados por decreto reflejan la incertidumbre que sobrevuela. Si después de haber tomado juramento, el Senado rechaza los pliegos, “la Corte va a ser acusada de ser ilegal”, advierten en el Congreso. ¿La Corte deberá decidir sobre su propia legitimidad?