Venezuela celebró el domingo elecciones regionales y parlamentarias en un escenario marcado por la apatía ciudadana, la represión política y las críticas internacionales. Con el 93% de las mesas escrutadas, el oficialismo, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, se adjudicó una contundente victoria tanto a nivel legislativo como territorial, lo que intensificó la preocupación de varios países y organismos sobre la legitimidad del proceso.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la coalición gobernante, Gran Polo Patriótico, obtuvo el 82,68% de los votos en las elecciones legislativas. En el plano regional, el chavismo conquistó 23 de las 24 gobernaciones del país, incluyendo bastiones opositores como Zulia, Barinas y Nueva Esparta. La oposición denunció múltiples irregularidades y acusó al gobierno de llevar adelante una campaña de amedrentamiento y censura.

Según cifras oficiales, la participación alcanzó apenas el 42,63%. No obstante, la líder opositora María Corina Machado aseguró que más del 85% de la población no se presentó a votar. "Hoy los venezolanos desobedecimos a este régimen. Fracasó su estrategia de terror", declaró la exdiputada en un video difundido en la red social X. Machado rechazó la convocatoria electoral desde un principio y volvió a denunciar un fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, en los que, según ella, resultó ganador Edmundo González Urrutia.

 

Divisiones

La oposición se presentó fragmentada a las urnas. Mientras la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que integran Machado y González Urrutia, llamó al boicot, otras fuerzas como Alianza Democrática y Fuerza Vecinal participaron sin mayor impacto. La dispersión debilitó el frente opositor y facilitó la victoria oficialista.

En los días previos a la elección, fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 70 activistas contrarios al gobierno. Entre ellos, se encuentran la abogada Naomi Arnaudez y el periodista Carlos Marcano. Organizaciones de derechos humanos denunciaron estos arrestos como parte de una política de intimidación, dirigida a sofocar la crítica y restringir la participación.

 

Inquietud

Uno de los episodios más controversiales del proceso fue la inclusión de Guayana Esequiba, territorio en disputa con Guyana, en el calendario electoral. El oficialismo proclamó un gobernador y ocho diputados para esa región, desoyendo una orden de la Corte Internacional de Justicia que exigía a Venezuela abstenerse de modificar la situación en el área. Tanto Guyana como Estados Unidos condenaron la medida, a la que calificaron como un acto de provocación que busca alterar el statu quo. El gobierno de Maduro defendió su decisión como un gesto soberano, enmarcado en un reclamo histórico.

La comunidad internacional manifestó su inquietud por el rumbo político del país. Estados Unidos reaccionó con nuevas sanciones, entre ellas, restricciones a las operaciones de la petrolera Chevron. A su vez, Human Rights Watch documentó un aumento de las violaciones a los derechos humanos durante el proceso electoral.