El juez federal Julián  Ercolini dispuso este miércoles el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios que actuaron en el área de Energía y Planificación cuando era presidente de la Nación, al descartar que se hubieran pagado sobreprecios en la compra de Gas Natural Licuado.

Ercolini consideró que en todo el período objeto de investigación que fue de los años 2008 a 2015,  los precios abonados por ENARSA sobre los embarques con GNL que amarraron en  los puertos de Escobar y Bahía Blanca y los servicios  marítimo prestados a tales embarcaciones "se ajustaron a los precios de mercado".

"De esta manera, corresponde descartar la hipótesis investigativa relacionada con dichos segmentos de las maniobras defraudatorias", sostuvo el magistrado al desestimar la denuncia que había presentado el abogado Ricardo Mussa y que en una primera instancia estuvo a cargo del juez ahora fallecido, Claudio Bonadío.

En la causa se había pedido investigar "la existencia de posibles actividades ilícitas vinculadas a la importación de gas natural licuado  concretadas desde el seno del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la empresa ´Energía Argentina SA" y en particular, si hubo sobreprecios, la participación de intermediarios y pago de comisiones en el proceso de importación.

 

 

El fallo completo que sobreseyó a Cristina, De Vido y Baratta 

 

 

Entre los argumentos que marcó el juez Ercolini se señalan que

no se plasmaron irregularidades, hallazgos y/o recomendaciones vinculadas al valor de importación del fluido en trato - en el curso de la pesquisa se logró determinar -a raíz del estudio pericial realizado por los peritos de oficio Andrés Di Pelino y Eduardo Fernández, propuestos por la Facultad de Ingeniería de la UBA, conjuntamente con los expertos de parte designados- que entre los años 2013 a 2015 los precios a los que se adquirieron los embarques de GNL se ajustaron con los valores promedios a los que los distintos oferentes la empresa YPF SA documentó el contrato  celebrado entre ENARSA e YPF SA de fecha 12 de noviembre de 2012; contratos de compraventa de GNL, pliegos de licitaciones y ofertas recibidas en el marco de las mismas en las que intervino YPF SA; y facturas emitidas por YPF SA a ENARSA en el marco de dicho acuerdo. También, aportó las facturas finales y de adelantos, como la documentación correspondientes a cada uno de los buques que con GNL amarraron en los puertos de Escobar y Bahía Blanca durante el período 2008 a 2012.

La medida que dictó el magistrado benefició a la vicepresidenta, al ex ministro De Vido, a Roberto Baratta, al ex secretario de Energía, Daniel Cameron; a los ex asesores Nicolás Dromi y José Dromi, entre otros.