Más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional y solicitaron el "cese" de su aplicación, que tendrá mañana su primera prueba en el marco de la movilización convocada por la Unidad Piquetera, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001.

"Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15.000 firmas individuales", informó hoy el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Entre los solicitantes se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero y Nuevo Encuentro.

Qué dice el comunicado en repudio

Según se precisó, se enviaron "dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, denunciando el nuevo protocolo" presentado días atrás por la ministra Bullrich y oficializado luego con la publicación de la Resolución 943/2023 de la cartera de Seguridad en el Boletín Oficial.

Las presentaciones -realizadas ante la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh)- cuentan con el respaldo de 1.700 firmas de centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de los pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos.

Además, las cartas fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron la presentación a título personal.

En los escritos, se advierte que "la mayoría de las disposiciones fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos".

"El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas", añadieron en la denuncia.

Asimismo, se solicitó al organismo dependiente de la ONU y a la CIDH que "manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta".

En la carta a la CIDH se pidió que se adopte las medidas necesarias para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.

En tanto, el escrito presentado ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) fue dirigido en particular al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.

"Les solicitamos que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan", finalizaron en la denuncia.

El rechazo de las Madres de Plaza de Mayo

Las Madres de Plaza de Mayo también expresaron su disconformidad frente al nuevo protocolo que lanzó el Ministerio de Seguridad y lo calificaron como "violento, inconstitucional y fascista". En un comunicado, advirtieron que se trata de un conjunto de directivas que violan "las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura".

"Con la medida, el Gobierno asume para sí facultades que son propias del Poder Judicial, violando las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura. Además, consagra el espionaje contras las organizaciones sociales, políticas y sindicales con el pretexto de la seguridad pública", expresaron las Madres.

En el documento, sostuvieron que "la única inseguridad es la que el Gobierno ha decretado con las medidas económicas y el proceso hiperinflacionario que estas han desatado" y que la resistencia popular "será incontenible y, tarde o temprano, se expresará en las calles".

"Las Madres llevamos 2383 marchas pacíficas, pero profundamente políticas, en la Plaza de Mayo, cada jueves. Seguiremos allí hasta que el pueblo sea feliz como querían nuestros hijos. Hoy más que nunca, decimos: ¡Pará la mano, Milei! ¡Ni un paso atrás!", cierra el comunicado que también lleva la firma de las filiales de Mar del Plata, Mendoza y Tucumán.

Una por una, las medidas de seguridad que anunció Patricia Bullrich

El ministerio de Seguridad del gobierno de Javier Milei resolvió:

Que las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal que se ha unido a este ministerio, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, totales o parciales. "La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple y nosotros la vamos a cumplir", expresó la ministra De acuerdo a los códigos procesales vigentes, presentarán una nueva ley que se va a presentar a corto plazo, de acuerdo al artículo 194 del Código Penal Las Fuerzas Provinciales deberán actuar en las zonas de su competencia, para poder complementarse de forma ordenada con las Fuerzas Federales, "para que los argentinos sean liberados de esta situación permanente de extorsión que sufren", expresó "No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas. Si se corta la vía principal, se libera la vía principal", dijo Bullrich. En esa línea, insistió en que se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación y que para llevar esto a cabo, las fuerzas aplicarán "la mínima fuerza necesaria y suficiente, graduada en proporción a la resistencia" Serán identificados los autores, cómplices, e instigadores "de este tipo de delito", así como también los vehículos y sus conductores. Se va a proceder a "incautar a los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tengan que tener", y tomarán en cuenta vigilar estaciones de tren para quienes intenten no ser reconocidos por las Fuerzas.  "Sea por un bloqueo, sea por gente que viene por un plan social, sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa", todos serán remitidos a las autoridades de aplicación correspondientes, anunció. Daño ambiental: "algo que sucede de manera permanente es la quema de cubiertas, lo cual es muy dañino al ambiente y las personas alrededor", dijo, y confirmó que será una cuestión que se le va a avisar al juez competente para que lo tenga en consideración. Lo mismo sucederá con la presencia de niños y adolescentes. "Se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños en horario escolar". "Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones e individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las Fuerzas de Seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos", anunció Se va a crear un registro, además, de todas las organizaciones que participen de estos hechos, "y que sistemáticamente hacen de voceros de estas manifestaciones". Por último, anunció que deroga "el protocolo garantista" de Nilda Garré, un protocolo de actuación para las Fuerzas de Seguridad que se oficializó durante el kirchnerismo.