El staff del FMI publicó un informe en el que fue muy crítico respecto a la política económica seguida por el gobierno de Cambiemos, bajo la tutela del propio Fondo, a partir de la firma del Stand By. El acuerdo generó un endeudamiento externo en moneda dura por USD44.000 millones, que, tal como reconoció el informe, se dio a la par con una fuerte fuga de divisas de similar magnitud, es decir que sugirió que uno financió al otro. Además remarcó que el programa no logró cumplir sus objetivos principales y sugirió que se debería haber aplicado un control de capitales. 

La publicación ocurrió en el mismo día en el que el Gobierno realizó el pago de capital de USD1.892 millones, correspondiente al vencimiento de diciembre. Lo hizo en las mismas condiciones en las que lo había hecho en septiembre: con los DEG que tenía integrados en las reservas. De esa forma, las divisas del BCRA volvieron a perforar el piso de USD40.000 millones y quedaron en USD39.153 millones, lo que redundará en una nueva caída del endeudamiento externo en moneda dura, similar al que se logró durante el tercer trimestre del año. Sin embargo, se sabe, las reservas no alcanzarán para pasar los vencimientos del verano y por eso continúan las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo.

Es en el marco de esas negociaciones que el staff del Fondo publicó el informe Ex Post Evaluation (EPE), una instancia obligatoria y burocrática para avanzar en un nuevo acuerdo, ya que debe realizarse siempre que las condiciones de un préstamo del FMI exceden los límites ordinarios, tal como ocurrió con el caso argentino, con desembolsos que sobrepasaron por mucho a lo que le correspondía por su cuota. De todas formas, desde el Gobierno no esperan que el reconocimiento del fracaso del programa, incluyendo la aceptación de que el endeudamiento ocurrió a la par de una fuerte fuga de capitales, tenga alguna consecuencia positiva en la negociación, más allá de que le otorga cierto aire político.

 

En uno de los puntos altos del informe, el Fondo señaló que se debería haber introducido un control de capitales para evitar la fuga de divisas, que cabe destacar que totalizó USD40.508 millones entre junio del 2018, cuando llegó el primer desembolso del Fondo, hasta octubre del 2019, justo antes de la instauración del cepo por el entonces ministro de Economía, Hernán Lacunza. Aunque también reconoció un fracaso en los objetivos de restaurar la confianza, reducir el déficit de la balanza de pagos y los desequilibrios fiscales y desacelerar la inflación.

En ese sentido, remarcó que las intervenciones del gobierno de Cambiemos sobre el mercado de cambios, en referencia a las ventas de dólares para abastecer la demanda para fuga de los residentes y salida del país de los inversores extranjeros, estuvo por fuera de los lineamientos del acuerdo y que no sirvieron para detener la suba del precio del dólar, con todas las típicas consecuencias que eso lleva aparejado en materia de inflación, incremento de los indicadores de deuda externa y pobreza.

Destacó: "El informe también concluye que el programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas. El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio. A pesar de las intervenciones cambiarias más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y debilitando los ingresos reales, especialmente de los pobres".

El informe también dio una visión inesperada por muchos para una de las principales discusion económicas por siempre vigentes. Así, reconoció que la inflación es multicausal en Argentina, que sólo con política monetaria contractiva, como la que aplicó el BCRA durante la gestión Cambiemos, no alcanza y que el componente inercial hace recomendable hacer una política de ingresos y precios, como la actual. 

El informe remarcó que se evaluó aplicar políticas de ese tipo, y que hubieran sido útiles, pero que finalmente se desestimó: "El alto grado de indexación y otras rigideces plantearon un desafío para el éxito de las metas de inflación, al hacer más persistentes los efectos de los movimientos temporales del tipo de cambio y los aumentos puntuales de los precios regulados. Las políticas de ingresos, es decir, acuerdos tripartitos sobre aumentos salariales, generalmente con acuerdos quid-pro-quo sobre impuestos y precios regulados, como las tarifas de los servicios públicos, podrían en principio haber ayudado a asentar las expectativas de inflación y fueron evaluadas por el personal técnico del FMI. Sin embargo, dadas las experiencias mixtas en otros países y las dificultades para llegar a un acuerdo rápidamente sobre una gama compleja de cuestiones, las políticas de ingresos no se consideraron en última instancia adecuadas".

Y agregó: "En resumen, el informe concluye que el programa no cumplió con los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y, al mismo tiempo, propiciar el crecimiento económico".  

Además, el Fondo atacó a la gestión de Cambiemos en otro párrafo en el que sugirió que se debería haber reestructurado la deuda y se debería haber aplicado cepo cambiario mucho antes de lo que finalmente ocurrió.

En ese sentido, afirmó: "Se entendió bien que el programa era de alto riesgo: desde el principio, se evaluó que la deuda pública era 'sostenible pero no con alta probabilidad'. Dada esta evaluación, una operación de deuda temprana, combinada con la reintroducción de medidas de gestión de los flujos de capital, podría haber dado lugar a un programa más sólido. Y una comunicación más consistente por parte de las autoridades podría haber impulsado el efecto catalizador".