El Banco Central solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proselac) que investigue a la firma de criptoactivos Adhemar Capital por la posible comisión de un delito de acción pública, de acuerdo con documentación a la que tuvo acceso BAE Negocios.

Básicamente, la entidad que conduce Miguel Ángel Pesce sospecha que Adhemar Capital, una empresa con una cartera de más de 1.000 clientes, actúa baja un posible esquema Ponzi, una conclusión a la que llegó luego de investigar a esa firma tras una denuncia del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

 

¿Qué es un esquema Ponzi? 

De acuerdo con la definición de la Comisión de Bolsas y Valores Estadounidense (SEC, por las siglas de Securities and Exchange Commission), es un fraude de inversión que paga a los inversores existentes con fondos recaudados de nuevos inversores. Los esquemas Ponzi llevan el nombre de Carlo Ponzi. 

En la década de 1920, Ponzi prometió a los inversores un rendimiento del 50% en unos pocos meses por lo que, según él, era una inversión en cupones de correo internacional. Ponzi usó fondos de nuevos inversionistas para pagar “rendimientos” falsos a inversionistas anteriores.

Los organizadores del esquema Ponzi a menudo prometen altos rendimientos con poco o ningún riesgo. En su lugar, utilizan el dinero de los nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores y pueden robar parte del dinero para ellos mismos. 

Con ganancias legítimas escasas o nulas, los esquemas Ponzi requieren un flujo constante de dinero nuevo para sobrevivir. Cuando se vuelve difícil reclutar nuevos inversionistas, o cuando un gran número de inversionistas existentes se retiran, estos esquemas piramidales tienden a colapsar.

 

Algo huele mal en Catamarca

Precisamente, el gobernador Jalil tomó nota de la rentabilidad que Adhemar Capital ofrece a sus potenciales clientes y, en la misiva que envió al titular del Banco Central, advirtió sobre rendimientos ofrecidos por este tipo de empresas en la provincia, del orden el 20% mensual en dólares.

El alerta del gobernador catamarqueño activó una primera investigación del Banco Central, que procedió a relevar información de Edgar Adhemar Bacchiani, DNI 23.705.900, y la firma que lleva su nombre, CUIT 30-71691968, ambos con domicilio en San Femando del Valle de Catamarca.

La página web de Adhemar Capital también informa que la compañía tiene sedes en las provincias de Tucumán y Córdoba

De acuerdo con los datos del estatuto social obtenido por el Central, Adhemar Bacchiani posee 1.314 cuotas sociales de $10.000 cada una, mientras Zaraive Celeste Garces Rusa, DNI 95.964.857, cuenta con 146 cuotas sociales del mismo valor. Ambos totalizan un capital social de $14.600.000. 

  CriptoPonzi, un negocio en abundancia

El Banco Central ya había informado en diciembre último que se encontraba investigando a empresas que captan depósitos y ofrecen rentabilidades a través de operaciones con criptoactivos y criptomonedas que no resultan compatibles con parámetros razonables en operaciones financieras. Y había advertido a los ahorristas de los riesgos de invertir a través de estas plataformas que no tienen activos subyacentes que permitan evaluar el riesgo de la inversión.

Precisamente, a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias realizó inspecciones en varias provincias iniciando las investigaciones respectivas y adoptando las órdenes de cese sobre estas prácticas. Advirtió que iba a proceder a iniciar las actuaciones sumariales y judiciales que correspondan para proteger al público.

Entonces, el Central intimó a las empresas que se ofrecen a través de plataformas web a no realizar operaciones de intermediación financiera y analiza si corresponde la denuncia penal por la presunción de una maniobra de estafa asimilable a los esquemas Ponzi.

A estas advertencias del Central se sumaron en los últimos días otros organismos como la Comisión Nacional de Valores (CNV) contra otras empresas como Generación ZOE y Leonardo Cositorto.

Precisamente, días atrás la CNV inició un sumario administrativo a Generación ZOE, Universidad del Trading y Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.

Anunció además que procuraba emitir una alerta internacional en el portal de IOSCO –organización internacional que agrupa a todos los reguladores del mercado de capitales del mundo- y comunicaciones específicas a los reguladores de Colombia, España y Paraguay –países donde se ha detectado actividad de estos sujetos- informando la apertura del sumario y alertando a los demás reguladores y al público inversor en general sobre los hallazgos de la presente investigación.

 

La denuncia contra Adhemar Capital

El 28 de septiembre de 2021 el Banco Central recibió la denuncia que fue tramitada por expediente electrónico reservado EX-2021-00182660-GDEBCRA-SGCYC#BCRA mediante la cual Jalil solicitó iniciar actuaciones administrativas que se consideraran pertinentes a fines de informar sobre la actividad de una serie de empresas no financieras recientemente instaladas Catamarca.

El mandatario sospechaba que esas compañías se estarían dedicando a captar fondos cuyo destino sería la inversión en el mercado de criptomonedas, "...asegurando ganancias mensuales que superan ampliamente a las del mercado oficial”, de acuerdo con la misiva. 

Tras la advertencia, el Central instruyó a la Gerencia de Fiscalización de Actividades no Autorizadas (GFANA) a iniciar una verificación inmediata a Adhemar Capital, en el marco la Ley 21526 de Entidades Financieras. 

La comisión actuante se constituyó el 5 de octubre siguiente en la ciudad de Catamarca y se entrevistó con funcionarios catamarqueños para obtener datos de las entidades que estarían operando en el mercado de inversiones en criptomonedas.

Se reunieron con funcionarios de la Agencia de Recaudación de Catamarca, a fin de obtener los domicilios y otros datos de los denunciados. El personal de la comisión del Central se hizo luiego presente en el domicilio de Adhemar Capital, calle Intendente Mamerto Medina N° 18 de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Los técnicos del Banco Central fueron recibidos por empleados de la empresa, quienes le brindaron la documentación solicitada en una documento del 7 de octubre de 2021 firmada por Edgar Adhemar Bacchiani, socio gerente de la firma.

Según consta en las actas, la nota explicó que la empresa: 

- "Opera en Exchanges de criptoactivos internacionalmente reconocidas, reguladas por la legislación del país donde se encuentran las mismas, las cuales gozan de un reconocimiento a nivel internacional." 

- "La actividad que desarrolla razón social no se encuentra alcanzada por las actividades que regula la Ley 21526, ya que no realiza intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros.”

 

PRO Bacchiani

La actividad de Edgar Adhemar Bacchiani también se extendió a charlas sobre criptoactivos que contaron con el apoyo explícitos de diputados del PRO.

De acuerdo con el expediente 645/2021, los diputados Diego Figueroa y Natalia Saseta impulsaron declarar de interés parlamentario la charla “Educación Financiera en el marco actual de las Criptomonedas celebrada en el club Red Star el 30 de Octubre de 2021", ofrecida por Bacchiani.

En el texto del proyecto de los legisladores se pondera como una ventaja que la transacción comercial de criptomonedas "se realiza entre dos personas, sin la regulación de una entidad financiera".

Los diputados Figueroa y Saseta también pidieron para Bacchiani un diploma de reconocimiento y lo alentaron a seguir propiciando el conocimiento de este incipiente mundo de las finanzas digitales y descentralizadas.

Pero la fijación del PRO como las criptomonedas en Catamarca no se limitó a Figueroa y Saseta. el candidato a diputado por Juntos por el Cambio Mariano Manzi defendió ese tipo de inversiones y criticó al gobernador Jalil por solicitar regulaciones.

 

 

Mandato de Inversión

Tras la denuncia de Jalil, la investigación del Central también obtuvo de Adhemar Capital un Mandato de Inversión, en el que se detalla que:

-La empresa mandataria opera en el mercado de Criptomonedas con los fondos del mandante, procurando obtener los rendimientos en cada momento presupuestados en el contrato. 

-El mandatario declara que “opera de diferentes casas de Bróker (sic) reguladas por la legislación del país donde se encuentran las mismas, las cuales gozan de un reconocimiento a nivel internacional”. 

-El mandante afirma conocer y tomar la responsabilidad que el mercado de Criptomonedas y/o divisas es una inversión de alta rentabilidad/riesgo y que acceder a la misma implica la indisposición del capital por los plazos pactados en el contrato. El mandante asevera que todas las sumas de dinero que dispone para la ejecución del contrato son de origen licito.  

-El mandante podrá disponer libremente de su capital a partir del sexto mes, a contar desde el momento en que dicho capital sea invertido y acreditado por la empresa.  

-Se estipula una rentabilidad máxima especulada mensual, que en el contrato de ejemplo es del 13% durante 6 meses consecutivos (interés simple).  Se establece un calendario de pagos de intereses de acuerdo con vencimientos mensuales.  

- El contrato finaliza con la última acreditación proyectada, sin posibilidad de prorrogar el acuerdo.  

- Los honorarios se pactan con respecto al excedente que se obtengan de los montos estipulados en el calendario de pagos, emitiendo el mandatario factura o comprobante fiscal equivalente por el valor resultante de esta diferencia, pudiendo esta liquidación ser mensual o única al cierre del mandato a discrecionalidad del mandatario. 

 

La denuncia presentada por el Banco Central indicó además que Adhemar Capital brindó el listado de 1.076 clientes, consignando nombre, CUIT y capital invertido.  

Cuando la rentabilidad es grande...

La investigación de los funcionarios del Banco Central advirtió a la Procelac que ante la magnitud de los pagos por intereses a clientes observados en los mayores, que rondan entre el 12% y 18% mensual (de acuerdo con el monto invertido), y que son equivalentes unas tasas nominales anuales que van del 146% al 219%, cabe considerar que la empresa debería ser capaz de mantener este nivel de actividad produciendo un diferencial de tasas superior. 

Sin embargo, apuntó que esta situación se contrasta con los datos obtenidos de los registros contables en su conjunto.

Precisamente, consignó que el resultado obtenido por la empresa por la operatoria con criptomonedas ascendió a unos $21 millones por el ejercicio irregular entre el 28/08/2020 y el 31/12/2020, y que la inversión por parte de los clientes alcanzó unos $ 74 millones.

Indicó que significa una tasa de rendimiento promedio del 28,12% en 125 días, lo que es equivalente a una tasa efectiva mensual promedio de 6,13%, llevado a términos de tasa nominal anual del 74,55%.

El Central comparó estos rendimientos y afirmó que "son bastante inferior a las tasas" abonadas a los clientes.

"De la información aportada se desprende que cabe la posibilidad futura de que las obligaciones mensuales asumidas en concepto de intereses se hagan frente con el mismo capital que aportaron los inversores".

"Es decir que, al momento de la devolución del capital invertido, la sociedad verificada podría no contar, de continuar en esta línea, con los fondos necesarios para cubrir esta obligación", dejó en claro el Central.

La denuncia concluyó que, más allá de lo que se diga oportunamente respecto de la calificación legal atribuible en el caso, la conducta desplegada parecería ser propia de un abuso en el uso autorizado de los fondos que le han sido confiados que, en ciertas circunstancias, podría configurar el delito previsto en el inciso 7 del artículo 173 del Código Penal de la Nación.

¿Qué dice ese artículo? “El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos”, de acuerdo con el texto.

De acuerdo con el pedido del Central a la Procelac, la conducta desplegada por la firma Adhemar Capital y por Edgar Adhemar Bachiani "configuraría una defraudación por abuso de confianza".

La autoridad monetaria amplió que también existe la posibilidad y para ello será fundamental el desarrollo de la investigación por parte del fiscal interviniente de la Procelac y las medidas probatorias que se tomen, que la conducta desplegada y aquí descripta podría encuadrarse en la hipótesis del artículo 172 del Código Penal: “...Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.” 

El Central indicó que se puede concluir "prima facie" en que "la sociedad interviniente no se encuentra debidamente registrada, en que no hay registro alguno de que se haya efectuado alguna operación con criptomonedas ni se acreditaron los supuestos pagos de cuotas a los clientes que fueran producto de esas supuestas operaciones con criptomonedas".