El Gobierno confirmó multas millonarias a empresas por incluir tasas en sus facturas
El Gobierno imputó a empresas de servicios públicos de casi todo el país por incluir tasas o cargos ajenos a la prestación del servicio. De cuánto son las multas
La Secretaría de Industria y Comercio imputó a 95 empresas prestadoras de servicios públicos de casi todo el país por haber incluido tasas o cargos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor en facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre de este año, cuando entró en vigencia la prohibición de incluir esos cobros indebidos.
La prohibición quedó establecida en la resolución 267/2024 y en ese marco se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones, uno por cada localidad donde las empresas incumplieron la norma.
Las empresas imputadas se encuentran en la ciudad de Buenos Aires y en 19 de las 23 provincias, quedando exentas de las posibles sanciones La Pampa, San Luis, Catamarca y La Rioja.
Dónde están localizadas las empresas
Industria y Comercio informó en un comunicado que “continuará con la instrucción de sumarios para los próximos vencimientos de noviembre y diciembre” para las firmas radicadas en CABA y las provincias de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
A partir de recibir la notificación, las empresas tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo y una vez cumplido ese la Secretaría a cargo de Pablo Lavigne “sancionará a las empresas que no cumplieron la norma”, en base a lo previsto por la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que en su artículo 47, inciso b, contempla multas de hasta $ 2130 millones.
Comercio indicó que las denuncias fueron recibidas en el correo electrónico habilitado para tal fin, denunciatufactura@comercio.gob.ar y que hasta el momento ingresaron 2705 reclamos.
Conflicto Nación-Municipios
Las imputaciones de la Secretaría de Industria y Comercio se inscribe en el conflicto que desde mediados de año enfrenta al Gobierno nacional con diferentes municipios de todo el país, por incluir el pago de tasas de servicios comunales en servicios públicos que no tienen relación con los cobros incorporados.
Como la repartición no tiene potestad para sancionar a municipios, lo hace a las empresas que acceden a la inclusión del cobro de esas tasas en sus facturas.
En ese contexto, hubo normas complementarias de los entes reguladores (ENRE y Enargas) y, con un criterio similar, se dispuso que las estaciones de servicio deben informar a sus clientes el cobro de tasas municipales en los combustibles que expenden.