La Secretaría de Comercio, liderada por Pablo Lavigne y que depende del Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo, derogó una serie de resoluciones destinadas a aplicar regímenes de control de precios, abastecimiento y requerimientos de información desde 1998 hasta 2023.

La medida, que fue oficializada mediante la Resolución 51/2024 del Boletín Oficial, incluye 69 disposiciones para avanzar hacia un "comercio interior más simple, menos burocrático y más transparente".

En relación con la denominada "Ley Ómnibus", Comercio argumentó la necesidad de avanzar en una "profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía, facilitando el funcionamiento de los mercados y el comercio interno y externo, promoviendo la desregulación de los mercados y la simplificación regulatoria”.

En ese sentido, advirtió la existencia de resoluciones y disposiciones vinculadas con regímenes de control de precios, abastecimiento y/o de requerimientos de información o de cumplimiento de distintas obligaciones que apartaron a la Secretaría de Comercio de las misiones y funciones "genuinas" que le fueron asignadas.

"Resulta indispensable alinear las políticas de regulación del mercado interno en el sentido antes expuesto, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el consumidor, así como a la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que solo han generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y el consecuente encarecimiento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores", explicó.

Estas derogaciones son el resultado de una primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas. “El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria” dijo Lavigne.

Entre lo alcanzado por las derogaciones se encuentran el Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior.

"Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas, con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior", se indicó.

También se dispuso derogar normativas complementarias a la Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas en el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), que establecían su supervisión y cumplimiento.

Se derogaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023.

Según la Secretaría, "estas herramientas solo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país".

Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando "a que ese tipo de políticas sea impulsado por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real".

Dentro de las políticas de simplificación impulsadas desde la Secretaría de Comercio, se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada.

Asimismo, se derogó la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendida, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores "que violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores".

Estas derogaciones son el resultado de una primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas, se informó.