Un preacuerdo con los gobiernos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para que se hagan cargo de Edenor y Edesur y absorban parte de los subsidios al transporte y la totalidad del costo de la tarifa social de Aysa es la principal herramienta que por estos días tienen en la Casa Rosada para pactar con los gobernadores peronistas el ajuste que se implementará en 2019. Con ese espíritu, esta semana comenzará la segunda ronda de reuniones con los ministros de Hacienda provinciales, que deberán responder si aceptan las propuestas del Poder Ejecutivo nacional o, por el contrario, presentar alternativas para contribuir a la reducción del déficit fiscal a 1,3% del PBI.

Los ministros Nicolás Dujovne, de Hacienda; y Rogelio Frigerio, del Interior, acercaron a los funcionarios de las distintas provincias un listado de recomendaciones sobre las áreas por las que podrían pasar los recortes, que acompañaron, en simultáneo, con un borrador de lo que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; y el mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estarían dispuestos a ceder en pos de facilitar las negociaciones. Lo primero que prometieron es el traspaso del control de las dos principales compañías proveedoras de energía eléctrica, Edenor y Edesur, a la órbita de ambas administraciones, uno de los principales reclamos que los gobernadores del PJ hicieron al presidente Mauricio Macri para colaborar en el ahorro de $300.000 millones que la Nación necesita hacer para el año próximo.

Si bien desde los gobiernos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires no aceptaron hacerse cargo de Aysa, por los altos costos que implicaría financiar las obras; sí están prestos a costear la tarifa social de la empresa de servicio de agua corriente, cerca de $800 millones. También de que el Ejecutivo nacional les transfiera una parte de los subsidios al transporte, que podría llegar a $11.000 millones.

"Aún no está resuelto el número final que la provincia tiene que absorber de los subsidios al transporte de pasajeros. Es probable que nos hagamos cargo, falta definir el porcentaje", explicó a BAE Negocios una fuente del Gabinete bonaerense. El pre acuerdo al que llegaron en Balcarce 50 con los dos distritos más gravitantes del país fue exhibido a los ministros de Hacienda provinciales de la oposición en las reuniones que mantuvieron con los funcionarios nacionales. El gesto tenía como finalidad preparar el terreno para la discusión que se abrirá a partir de hoy, cuando comiencen a llegar los representantes de las diferentes jurisdicciones para precisar los recortes que están dispuestos a hacer.

En el Gobierno dan por descontado que la casi totalidad de los gobernadores aceptará que el 33% del ajuste que deben realizar las provincias se distribuya según los coeficientes de coparticipación. La gran incógnita es hasta qué punto están dispuestos a consentir podas en el Fondo Nacional de la Vivienda, Fondo Sojero y Fondo de Vialidad, a la vez que hacer ajustes en las jubilaciones de las 13 juridicciones que no transfirieron sus cajas previsionales y no armonizaron el sistema con el de la Nación.

Si bien en un principio en la mesa de negociación se habló de realizar recortes en el Fondo Nacional de Incentivo Docente, luego se desestimó esa posibilidad. "Con las provincias llegamos a un acuerdo de que las partidas de educación y salud no se tocan", apuntó un funcionario con despacho en la Casa Rosada. Aunque en algunos casos las conversaciones están más avanzadas, en especial con los cinco distritos gobernados por Cambiemos, Dujovne y Frigerio están a la espera de una contraoferta por parte de las provincias, con una mayor expectativa por las que mantienen una relación tirante con la administración central, como La Pampa, Santa Fe, San Luis y Santa Cruz.