Abogados constitucionalistas expresaron diferencias en torno al decreto de necesidad y urgencia que crea un régimen de extinción de dominio para delitos vinculados a la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.

"Estamos de acuerdo en luchar contra la corrupción pero este no el método, no se puede violar la constitución", afirmó el experto Andrés Gil Domínguez. El abogado sostuvo que "no hay una situación de emergencia objetiva para realizar un DNU", a la vez que advirtió que "el régimen procesal de la acción de extinción de dominio presenta muchos problemas constitucionales" y destacó que "se puede promover contra una persona aunque ni siquiera se encuentre imputada en una causa penal, solo basta que se dicte una medida cautelar sobre un bien en un proceso penal".

"Si el Estado se equivocó porque la persona fue absuelta en sede penal, sólo le devuelve lo apropiado pero no reconoce la procedencia de una indemnización por daños y perjuicios", dijo. Gil Domínguez advirtió también que "así como está redactada la acción no es retroactiva porque no lo dice expresamente como lo exige el artículo 7 del Código Civil y Comercial y como lo decía el proyecto de Diputados".

Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay reconoció que la aplicación del mecanismo por decreto "es el punto más delicado", pero avaló la decisión: "creo que la renuencia de los senadores de la oposición a sancionar una ley, se transforma en un estímulo para la comisión de delitos y para impedir el recupero de los bienes mal habidos". "No olvidemos que se están incumpliendo las dos convenciones contra la corrupción de las que la Argentina es parte", señaló el experto.

"La posibilidad para el estado de recuperar los bienes resultantes de esos delitos requiere celeridad. La inconcebible lentitud de los senadores no deja otra salida que el decreto", remarcó.