El oficialismo está a la espera de reunir los votos necesarios para avanzar con el tratamiento en comisiones del proyecto del Poder Ejecutivo nacional que fija parámetros sanitarios y epidemiológicos en pandemia. La resistencia de Juntos por el Cambio y de otros espacios opositores al texto que fue aprobado por el Senado puso en suspenso el inicio del debate, previsto para esta semana, y empujó al bloque del Frente de Todos a analizar la posibilidad de introducir nuevas modificaciones.

Los cambios que se realizaron en el recinto en la Cámara alta no alteraron demasiado la postura de las bancadas de la oposición. Juntos por el Cambio mantiene su rechazo bajo el argumento de que el espíritu de la iniciativa es el mismo del DNU 241/2021 sobre el que se expidió la Corte Suprema de Justicia y que, más allá de algunas variaciones, continúa siendo "violatorio de la autonomía de las provincias". 

El principal problema para el oficialismo es que esta vez las críticas surgieron también de otras fuerzas opositoras. Al igual que con la iniciativa de reforma del Ministerio Público Fiscal, Juntos por el Cambio no quedó en soledad. Desde otras bancadas objetaron varios de los artículos del texto que delega facultades en el Ejecutivo nacional para adoptar medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia de COVID-19.    

Ante ese escenario, el Frente de Todos analiza posponer el inicio del tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, a donde fue girado el proyecto. Según fuentes parlamentarias, estaba previsto que el debate comience este martes, pero hasta ahora no se confirmó ninguna fecha. En caso de que se realice la reunión del plenario debe ser presencial porque sólo puede ser virtual cuando hay acuerdo entre el presidente y el vice de cada comisión, algo que no se da en esta oportunidad por las fuertes diferencias entre el oficialismo y Juntos por el Cambio en torno a este tema.  

En el bloque de Consenso Federal consideran que la iniciativa es "inconstitucional" debido a que el Ejecutivo nacional "se arroga facultades que son propias de las provincias". “El camino es acordar y suscribir un Pacto Federal para la Emergencia COVID-19, entre la Nación, las 23 provincias y CABA. Ese instrumento, ratificado por el Congreso de la Nación, es el marco institucional adecuado para administrar la emergencia”, dijo a BAE Negocios, el presidente de esa bancada, Alejandro "Topo" Rodríguez.

Según fuentes del Frente de Todos, la propuesta del lavagnismo llegó a oídos del titular del bloque oficialista, Máximo Kirchner, sin embargo insistirán con el proyecto, al que podrían introducir nuevos cambios. Aún así, resulta difícil que quienes hasta ahora se oponen den un volantazo debido a que las críticas están dirigidas al corazón de la iniciativa.    

Los cuatro diputados de la bancada de Córdoba Federal, que conduce Carlos Gutiérrez y responde directamente al gobernador cordobés Juan Schiaretti, están analizando la letra del proyecto. Si bien aseguran que "todavía no tienen una postura fijada", ya antes del debate en el Senado habían expresado su rechazo a la norma, por lo que lo más probable es que no acompañen. 

Los diputados de la izquierda y la legisladora Beatriz Ávila, del Partido por la Justicia Social, ya adelantaron que no apoyarán al oficialismo. La legisladora Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, también se opone al proyecto porque considera que "profundiza el federalismo selectivo" y "altera las autonomías provinciales". "Crea categoría urbanas inexistentes en la Constitución Nacional, impone a los gobernadores actos de gobierno sobrepasando todo límite de gobernabilidad y legitimidad y establece una forma de intervención federal parcial", señaló a este diario la diputada patagónica. 

Los integrantes del interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, que preside José Luis Ramón, sí apoyarán el proyecto, más aún después de que en el texto quedó especificado que la norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre. Desde ese espacio venían solicitando que se fije un límite de tiempo para la delegación de facultades al Ejecutivo nacional. El mismo reclamo hizo el diputado socialista Enrique Estévez, pero con la diferencia de que además planteó que cualquier restricción debe darse por consenso, por lo que está en duda el sentido de su voto.  

Edurado "Bali" Bucca y Andrés Zottos, del bloque Justicialista, también votarían a favor, aunque hasta el momento no se pronunciaron públicamente. Felipe Álvarez y Antonio Carambia, del bloque de Acción Federal, son otros de los diputados que todavía no definieron su postura, al igual que Luis Contigiani, del Frente Cívico y Social de Catamarca.