Tras la exposición de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y especialistas en materia constitucional y sanitaria, el oficialismo firmó dictamen favorable en el Senado para el proyecto que fija criterios epidemiológicos y sanitarios para la adopción de medidas en el contexto de la pandemia del COVID-19. Durante los siguientes días el bloque oficialista trabajará con el Poder Ejecutivo nacional para introducir algunas modificaciones a la iniciativa y la semana próxima la llevarán al recinto. 

Ante el apuro para aprobar la norma antes del 21 de mayo, cuando vence el actual DNU que establece los parámetros sanitarios, el Frente de Todos dejó para más adelante los cambios, debido a que el reglamento de la Cámara alta dispone que debe transcurrir un plazo de siete días entre la firma del dictamen y la sesión.

Tal como lo dejaron trascender esta tarde en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, las senadoras y los senadores del Frente de Todos tomarán en cuenta algunos de los aportes que hicieron los constitucionalistas y médicos que participaron de la reunión tras un breve cuarto intermedio. Si bien es una herramienta para acercar posiciones con algunos legisladores aliados, no será así con quienes integran Juntos por el Cambio, desde donde ya adelantaron su rechazo al proyecto.  

 

Carla Vizzotti y Vilma Ibarra  

El plenario lo abrió, pasadas las 10, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, quien anunció que por la tarde  expondrán especialistas, atendiendo al pedido del interbloque opositor. "Tenemos la voluntad de dictaminar en el día de hoy", remarcó la senadora oficialista luego de que la legisladora de PRO Laura Rodríguez Machado solicitó esperar hasta mañana para firmar dictamen.

En un olvido que luego le valió la recriminación del titular de la comisión de Salud, Mario Fiad, Sacnun le dio la palabra directamente a Vizzotti, saltándose al senador radical. A lo largo de cuatro horas, la ministra hizo un repaso por la actual situación sanitaria y destacó que a "partir de medidas intensificadas, localizadas y transitorias" que se tomaron en las últimas semanas frente a la suba de casos hubo "una disminución de ese aumento". 

Aunque no lo mencionó directamente, Vizzotti se refería a las restricciones que el Ejecutivo nacional adoptó a través de los dos últimos DNU, por uno de los cuales el Gobierno porteño acudió a la Corte Suprema de Justicia tras la suspensión de las clases presenciales en el AMBA. 

Vizzoti también sostuvo que “con la experiencia nacional e internacional y de cada jurisdicción se fueron construyendo indicadores que definen niveles de alerta bajo, medio y alto”. Y detalló que “las localidades de menos de 40 mil habitantes tienen una evaluación totalmente distinta, las de entre 40 mil y 300 mil tienen la clasificación de alto, bajo y mediano riesgo y a los grandes aglomerados se incorpora la alerta por la dinámica de transmisión”.

A su turno, Ibarra señaló que lo que se busca con el proyecto es brindar un marco general para la gestión de la pandemia y que el objetivo es "tener números de contagios contenidos y encontrar ese equilibrio que de ninguna manera signifique que estamos habitualizando la muerte de personas". 

"Les proponemos una gestión de esta pandemia con respeto federal y responsabilidades compartidas", dijo la funcionaria, a la vez que destacó que "ante una situación epidemiológica de alto riesgo hay una facultad para el Ejecutivo nacional para tomar medidas adicionales", siempre que las que hayan sido puestas en marcha previamente no dieran los resultados esperados. Y aseguró que “no son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el Poder Ejecutivo nacional". 

Ante los cuestionamientos de los senadores de Juntos por el Cambio al artículo 21, que establece la suspensión de clases presenciales en las jurisdicciones que se encuentren en "Alarma Epidemiológica", Ibarra precisó que "para garantizar el derecho a la educación no queremos que desborden los sistemas de salud y se permanezca en situación de alarma". También aclaró que la norma es "temporaria" y que su duración está atada a la Emergencia Sanitaria, que caduca el 31 de diciembre de este año. 

Otro de los puntos que la secretaria Legal y Técnica aclaró a los senadores opositores es el referido a "las consultas previas" que el Ejecutivo nacional realizará a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en los casos que deba tomar medidas sanitarias: "Se habla de previa consulta, no previo acuerdo. Hay que dialogar entre las distintas jurisdicciones y se tomarán medidas en función de las competencias y la normativa vigente".

 

Críticas de Juntos por el Cambio 

 

"¡Hasta nos mandan a bañar! Yo puedo entender medidas sanitarias pero son reglas que del modo en que están escritas son imperativas", dijo la senadora radical Silvia Giacoppo sobre el artículo 5 del proyecto, que establece las reglas de conducta, entre ellas el uso del tapabocas, el lavado de manos y la ventilación de los ambientes. También manifestó que el artículo 26, referido a los controles del ministerio de Seguridad, "va por encima de las potestades de los gobernadores".  

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, se concentró en la provincia a la que representa. "Los centros de detención están a la orden del día", dijo el senador formoseño, en alusión a los centros de aislamiento en Formosa. Sin embargo, Vizzotti le aclaró que "se recomiendan centros extra hospitalarios y extra domiciliarios para minimizar el contagio intra domiciliario y no sobrecargar el sistema de salud", siempre en función de las posibilidades y la disponibilidad sanitaria de cada jurisdicción. 

"Más que dudas, el proyecto nos genera preocupación", planteó Fiad, y aseguró que "la pandemia no nos habilita a no respetar la Constitución". 

 

Apoyos y objeciones de constitucionalistas y médicos  

“Es un proyecto de ley de delegación de facultades que supera de manera grosera el marco constitucional contemplado en los artículos 76 y 29 de la Constitución Nacional”, dijo el constitucionalista Daniel Sabsay, quien además remarcó que la iniciativa del Ejecutivo nacional no respeta las autonomías de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y dispone "restricciones arbitrarias".

En el mismo sentido, el abogado Alejandro Fargosi también que "está en juego" las autonomías y "las libertades". 

"¿Se puede cotejar acaso el eventual riesgo psicológico que tienen los chicos por la suspensión de unos días de clases con la patética realidad que estamos viviendo de 10 mil muertos en el último mes?", dijo Arnaldo Rubin, médico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y jefe de esa área del Sanatorio Otamendi.

"Nosotros tenemos que mirarnos en el espejo de Brasil, donde no solamente está colapsado el sistema sanitario sino también los cementerios", agregó Rubin, quien sostuvo que "las medidas a las que recurrió el Ejecutivo nacional fueron tardías e insuficientes" y cuestionó a quienes creen que la actual situación sanitaria se resuelve con más testeos. "Estamos viviendo una tragedia sanitaria sin precedentes. Lo que tenemos que ver es cómo protegemos la vida".

"No es un problema menor el de la fatiga de los trabajadores de la salud, que atenta contra la sobrevida de nuestros pacientes. El sistema sanitario no da más. Lo único que puede minimizar esto es el apego a las restricciones", concluyó el jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi. 

El constitucionalista Andrés Gil Dominguez propuso modificar el artículo 33, explicitando una fecha concreta para la vigencia de la norma, "que es del 31 de diciembre del presente año"; y también "cambiar la estructura" del artículo 21. "Habría que poner que la regla es la presencialidad en las escuelas y que el Poder Ejecutivo, en consulta con el jefe de Gobierno y los gobernadores, según corresponda, podrá adoptar medidas de limitación parcial o la limitación total, es decir invertir el orden", apuntó.