En julio, el Gobierno logró obtener un déficit primario menor al récord de los meses previos. Aún así, alcanzó los $143.417 millones. Es decir, un 0,5% del PBI. Representa alrededor de la mitad de lo que se registró en abril, mayo y junio, cuando rondó el 1% del producto. La principal diferencia respecto a junio fue que en aquel mes habían pegado de lleno el IFE y el ATP en su versión más amplia, cosa que en julio no ocurrió. El IFE volvió con todo en agosto. Además hubo caída de 2% real en las jubilaciones. También, desde junio, hubo una mejora en la recaudación, por la incipiente reactivación.

Los datos fueron publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y dan cuenta del resultado fiscal devengado del total de la Administración Pública Nacional. No es exactamente el mismo número que publicará la Secretaría de Hacienda en las próximas semanas (está anunciado para el 20 de agosto pero en meses anteriores se publicó con retraso), que representa sólo al Sector Público No Financiero y que muestra el base caja (uno es el asiento contable y el otro muestra la entrada y salida concreta de pesos).

La emergencia económica obligó al Gobierno a realizar gastos extra para intentar amortiguar, con política fiscal, la brutal caída que experimento la economía a nivel global. Mientras que desde el oficialismo esperan un déficit de al menos 10,5% del PBI a lo largo de todo el 2020, la contracción económica proyectada también superará el 10% y según el consenso de la city publicado por el REM será de 12,5% del producto.

 

El rojo primario ya totalizó 3,7% del PBI en los primeros 7 meses del año. La propia naturaleza de la cuarentena llevó a que el enorme gasto fiscal extra no se multiplicara como de costumbre en el resto de la economía, ya que por las restricciones de los movimientos el consumo cayó con fuerza. Eso, a su vez, demandó más gastos para intentar alcanzar los resultados habituales del multiplicador. El esfuerzo fiscal fue notorio: en julio, sin ir más lejos, tal como publicó la OPC, el gasto fiscal exclusivo para la pandemia llegó a $96.000 millones. Dato que grafica: el gasto primario creció 19,2% real interanual en el mes. Sin el componente Covid-19 habría caído 2,8%.

Con todo, el Gobierno se encontró con una limitación que es que el grueso del nuevo déficit fiscal total, tomando en cuenta los intereses, que en los primeros 7 meses del año ya alcanzó el 4,9% del PBI, se financia casi exclusivamente con emisión monetaria. Por eso, el BCRA, entre adelantos transitorios y transferencias de utilidades, a lo largo del 2020, ya le envió $1,5 billones de pesos al Tesoro. Número muy parecido al rojo de $1,4 billones que registró la OPC en lo que va del año.

En una economía bimonetaria, en la que el refugio frente a las crisis es el dólar, las presiones cambiarias, con el crecimiento de la incertidumbre, se hacen inevitables. Y con un fuerte potencial inflacionario que sería el golpe definitivo a una economía que ya acumula tres años de caídas de la actividad.

Aunque se moderó respecto a junio porque no hubo IFE y a la contracción real en las prestaciones habituales, el gasto en prestaciones sociales trepó 30% real interanual. Desde la OPC destacaron que las jubilaciones y pensiones, las pensiones no contributivas y las asignaciones familiares, registraron caídas anuales de 2,0%, 5,1% y 5,7%, respectivamente. El componente Otras prestaciones, donde entra el gasto Covid-19 en su mayor esplendor, trepó 539,3%, con asignaciones de $40.140 millones para el IFE (había sido $131.448 millones en junio) y de $33.245 millones para el ATP.

El otro gran gasto Covid-19 fueron las transferencias a las provincias que, entre el programa de créditos y los ATN, treparon 5,8% interanual y totalizaron $29.329 millones. Los subsidios económicos en general, y los energéticos en particular, continuaron creciendo con fuerza: implicaron un gasto de $60.000 millones y treparon 32% interanual. Los del transporte $10.777 millones y una suba de 16,8%. En donde hubo un fuerte ajuste fue en el salario de los empleados públicos: los gastos de funcionamiento, explicados casi totalmente por ellos, cayeron 14,6% interanual.

 

La suspensión de pagos de la deuda permitió que los intereses cayeran 76,4%. El rojo total fue de $174.125 millones en julio, equivalente a 0,6% del PBI.

Por el lado de los ingresos, entre los tributarios y los de la seguridad se mantuvo un piso similar al de junio ($339.791 M en julio entre ambos versus $347.916 M en junio y apenas $261.581 M en mayo), cuando la actividad económica ya empezó a registrar algún repunte. Pero todavía hay caídas interanuales fuertes: fueron de 18,1% y 15,5% real, respectivamente. Al tomar en cuenta los ingresos de capital (compara contra un 2019 en el que Cambiemos avanzó con privatizaciones de activos para cumplir la meta fiscal), la caída del total de los ingresos fue de 27,5% real interanual.