A una semana de las elecciones legislativas la gestión libertaria sigue reforzando su aspiración a concretar modificaciones tajantes en la legislación laboral y el mundo del Trabajo. Desde un ángulo contrapuesto la defensa del espíritu para garantía de derechos e incluso análisis minucioso para alguna variación hubo pareceres de ex ministros de trabajo que en nación y provincia comandaron la era que finalizó en diciembre de 2015. Coincidentes ambos funcionarios en la dinámica de la justicia social como paradigma.

El Gobierno nacional, a través del secretario de Trabajo Julio Cordero planteó en el reciente Coloquio de IDEA las líneas centrales de la reforma laboral que pretende instaurar con el objetivo declarado de “modernizar el empleo”. Bajo el discurso de “dinamizar la productividad” y “adecuar los convenios colectivos a la realidad de las empresas”, el funcionario adelantó medidas que buscan flexibilizar las condiciones de contratación y reducir “costos laborales excesivos”.Entre los ejes expuestos figuran la posibilidad de establecer “salarios dinámicos” según productividad individual, la diferenciación más estricta entre trabajadores autónomos y asalariados, y la revisión de los convenios colectivos para fijar exigencias mínimas.

La propuesta despertó alarma entre gremios y especialistas, que advierten sobre el riesgo de consolidar un sistema regresivo. El concepto de “salario dinámico”, presentado como incentivo al mérito, remite a esquemas de pago por rendimiento que históricamente derivaron en sobreexplotación y disciplinamiento laboral. A su vez, la desindexación del salario respecto de la inflación implicaría, en la práctica, trasladar al trabajador la pérdida del poder adquisitivo.En este marco, la idea de “modernización” aparece como una reedición de viejas recetas neoliberales: menor protección, fragmentación de los convenios y un debilitamiento progresivo de la negociación colectiva.

“No importa el problema, importa la solución”

El exministro de Trabajo Carlos Tomada cuestionó con dureza la orientación de la reforma. En diálogo con FM La Patriada, sostuvo que “estas medidas no van a resolver los problemas del mundo del trabajo, sino que los van a agravar”. Según explicó, el discurso de la productividad y la flexibilización ya demostró su fracaso en los años noventa: “Plantean reducir indemnizaciones, pero eso no genera empleo. En Argentina se crearon tres millones de puestos de trabajo cuando regía la doble indemnización. No es la indemnización el problema”.Tomada subrayó que la supuesta “industria del juicio” desaparece si los empleadores cumplen la ley. “En la provincia de Buenos Aires, sobre 1,5 millones de trabajadores registrados, hubo apenas un 5% de juicios laborales. Son casos donde hubo despidos o incumplimientos. El problema no es el sistema, es la evasión.”

También advirtió sobre los efectos de eliminar la ultraactividad de los convenios: “Si esa cláusula cae, el empresario podrá condicionar aumentos a cambio de derechos adquiridos. Eso desarma todo el sistema de negociación colectiva.”Por último, apuntó al núcleo económico de la reforma: “El mundo de Caputo es hacer plata con plata. Es el mundo financiero. No necesitan trabajadores ni trabajadoras. Las políticas actuales destruyen empleo, empresas y salarios. Desde diciembre desaparecieron 18.000 pymes y más de 200.000 empleos formales. Esto no se corrige con flexibilización, sino con un modelo productivo basado en el trabajo y la industria.”

"Una cuestión de confianza"

En la misma línea, el exministro de Trabajo bonaerense Oscar Cuartango contextualizó la ofensiva oficial dentro de un proceso histórico. Recordó que el 17 de octubre de 1945 marcó el inicio de un ciclo donde el Estado asumió un rol activo en la defensa de los trabajadores. “Perón institucionalizó la cuestión social y laboral. Desde entonces, la indemnización por despido y el derecho al trabajo digno son pilares del orden jurídico”, dijo.Cuartango advirtió que el intento de reemplazar la indemnización por despido con un fondo financiero “implica desmontar casi un siglo de conquistas laborales”. A su juicio, se trata de una medida que “desprotege a los trabajadores frente al despido arbitrario, elimina el efecto disuasorio de la indemnización y facilita los despidos sin costo para el empleador”.

El jurista recordó que ni la dictadura de 1955 ni el régimen militar de 1976 se atrevieron a eliminar la indemnización. “Lo que hoy se intenta, en nombre de la libertad económica, equivale a borrar la historia de las luchas sociales en la Argentina”, afirmó.Para Cuartango, la modernización del derecho laboral debe adaptarse a los cambios tecnológicos, pero sin desproteger los derechos esenciales. “Actualizar no es precarizar, es adaptar inteligentemente. Hay que atender a las pymes, pero sin desguazar la protección laboral.”

Desde su perspectiva, el problema central no radica en los derechos de los trabajadores sino en la evasión y la economía informal, que hoy representan cerca del 50% del PBI. “No hay desarrollo con fuga de divisas y evasión estructural. El verdadero desafío es construir una economía productiva, nacional y soberana.”Cuartango resumió la diferencia entre el enfoque del Gobierno y el del movimiento obrero con una metáfora quirúrgica: “A la motosierra del ajuste debemos contraponer el bisturí del equilibrio social. La motosierra destruye; el bisturí corrige con precisión, preserva lo que funciona y repara lo que está dañado.”

Ambos exministros coinciden en que la reforma laboral libertaria no es un camino hacia la eficiencia sino un retroceso en materia de derechos y cohesión social. Frente a la ofensiva desreguladora, sostienen que el desafío no es flexibilizar el trabajo sino modernizar el Estado, recuperar la producción y fortalecer la justicia social como eje de desarrollo.