El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, propuso prohibir la compra de viviendas en España a extranjeros no europeos, a la vez que sugirió la aplicación de un impuesto del 100% a ese tipo de transacciones, como manera de luchar contra la crisis inmobiliaria.

"Vamos a proponer que se prohíba a esos extranjeros extracomunitarios, que no residen ni ellos ni sus familias y que por tanto solamente están especulando con esas viviendas y con esas casas, el que puedan comprarlas en nuestro país", señaló Sánchez durante un acto del Partido Socialista Español en Extremadura, en el oeste del país.

La semana pasada, Sánchez anunció un nuevo paquete de medidas para combatir la crisis de la vivienda en el territorio español, entre ellas un fuerte impulso a la construcción de vivienda social y la aplicación de más impuestos a los alojamientos turísticos.

 

Tributos

También habló de fijar un impuesto de hasta el 100% a los extranjeros no europeos que compren bienes inmuebles en España.

No obstante, varias de esas propuestas necesariamente deben ser debatidas y aprobadas por el Parlamento.

"Lo que me parece injusto es que haya personas (...) en Extremadura y en otras partes de España, que paguen más impuestos que aquellos que tienen cuatro o cinco pisos turísticos", señaló Sánchez.

 

Antecedentes

"Solo en el año 2023, los no residentes de fuera de la Unión Europea compraron en España alrededor de 27.000 casas y pisos", aseguró dias atrás.

El mandatario español señaló que la prohibición de compra de viviendas por parte de extranjeros no europeos se inspira en disposiciones de Canadá, donde está en vigencia una normativa similar, así como también de Dinamarca, donde resulta casi imposible hacerlo.

Sánchez ha reconocido una alta demanda de viviendas en España, que supera con creces la oferta, lo que ha disparado los precios.

 

Alquileres

El mandatario responsabilizó al Partido Popular, de derecha, de haber permitido esas adquisiciones de viviendas tras la crisis de 2008.

El Gobierno aprobó en mayo de 2023 una ley de vivienda que preveía un aumento de la construcción de viviendas sociales, controles de alquileres en zonas de alta demanda y sanciones para los propietarios que dejen sus viviendas desocupadas.

Pero la legislación no ha conseguido frenar el aumento de los alquileres, que subieron un 11% el año pasado, según el portal inmobiliario Idealista.