El diputado libertario José Luis Espert se encuentra bajo investigación tras surgir documentación que lo vincula con presuntos fondos provenientes del narcotráfico y fraudes internacionales. La información se desprende de registros judiciales de Estados Unidos que involucran a Federico “Fred” Machado y a la estadounidense Debra Mercer-Erwin, acusados de lavado de dinero y narcotráfico.

Según los documentos, el 1 de febrero de 2020 el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, gestionado por Machado y Mercer-Erwin, realizó un giro de USD 200.000 a Espert, en el marco de la campaña presidencial de 2019 del Frente Despertar. La contabilidad clandestina forma parte del expediente judicial en tribunales federales de Texas, donde Mercer-Erwin fue condenada a 16 años de prisión. Machado, procesado en la misma causa, permanece detenido en Argentina a la espera de resolución de extradición.

La acusación de narcotráfico surge de la operación de Aircraft Guarantee Corp, utilizado para registrar más de mil aviones en Texas, muchos de ellos de manera ficticia. Algunas de estas naves aparecieron cargadas con drogas en países de Sudamérica y Centroamérica, lo que motivó la investigación y la condena de Mercer-Erwin en EE.UU., mientras Machado permanece procesado y pendiente de extradición. La transferencia de USD 200.000 a Espert se encuentra dentro de esta contabilidad, por lo que se analiza si provino de fondos ilícitos.

La legislación argentina establece sanciones políticas y penales por recibir fondos ilícitos. La Ley 23.737 tipifica el narcotráfico como delito penal, mientras que el Código Penal, artículo 303, castiga con prisión de tres a diez años y multa a quienes reciban o administren dinero proveniente de delitos, con agravante si el receptor es funcionario público o candidato. La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos prohíbe expresamente aportes de personas vinculadas a actividades ilícitas, con multas, pérdida de aportes públicos e incluso cancelación de la personería jurídica del partido. El Código Electoral Nacional contempla sanciones administrativas y penales por falsear informes contables o encubrir el origen de fondos.

Además, la Cámara de Diputados puede aplicar sanciones a sus miembros, incluyendo la remoción por “inhabilidad moral” o conceder desafuero si lo solicita un juez, según lo establece el artículo 66 de la Constitución.

El vínculo entre Espert y Machado incluye también la utilización de aviones y vehículos durante la campaña presidencial de 2019. Un Bombardier Challenger y una camioneta Jeep Cherokee quedaron registrados a nombre de personas vinculadas con Machado, usados por Espert en múltiples viajes de campaña, incluyendo provincias del centro y norte del país y dentro de Buenos Aires. La transferencia de los USD 200.000 se registró en la contabilidad del fideicomiso, que el equipo del candidato a diputado Juan Grabois utilizó para presentar una denuncia por presunto lavado de activos ante la Justicia federal de San Isidro.

El fraude, estimado en USD 350 millones según fiscales texanos, involucraba operaciones de compra de aviones inexistentes o duplicados, y parte de esos fondos presuntamente terminó en manos de terceros, con movimientos que podrían constituir lavado de dinero. Mercer-Erwin y Machado habrían obtenido beneficios millonarios, mientras el resto de los receptores de los fondos no fue investigado en Estados Unidos, pero podrían enfrentar sanciones en Argentina si se valida el origen ilícito del dinero.

La investigación incluye registros de viajes, préstamos de vehículos y propiedades adquiridas por Espert y su esposa tras la campaña, que coinciden con las fechas de los giros del fideicomiso. La Justicia argentina deberá determinar si esos fondos constituyen un ilícito bajo la legislación nacional y si Espert incurrió en delitos de lavado de dinero o violaciones al financiamiento de partidos políticos.

El diputado minimizó el vínculo con Machado, mientras que sostiene que no participó en la gestión del fideicomiso ni en el fraude relacionado con la venta de aviones, y niega cualquier actividad vinculada al narcotráfico. La contabilidad secreta y la documentación judicial estadounidense constituyen elementos centrales para la investigación local.