En los últimos doce meses se iniciaron 126.700 demandas judiciales vinculadas con accidentes o enfermedades laborales, y se proyecta que en 2025 esa cifra supere los 130.000 juicios, más de 10.000 por mes. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el impacto económico de esta litigiosidad equivale a más de 6,8 millones de salarios mínimos por año. Esta situación se da sin que haya un aumento proporcional en los siniestros o una degradación en la calidad del servicio. Se trata, sostienen desde el sector, de una crisis "desconectada de las variables reales del sistema".

Las provincias con mayor nivel de litigiosidad son Buenos Aires, con el 40% de las causas; CABA, con el 19% y Santa Fe, con el 14%. Este fenómeno afecta directamente al costo laboral argentino y a la generación de empleo formal, advirtiendo sobre el riesgo de que el sistema colapse si no se corrigen los incentivos actuales, indicaraon por medio de un comunicado.

Entre los temas a discutir, se planteó la existencia de tasas de interés judiciales muy elevadas y la necesidada de crear Cuerpos Médicos Forenses (CMF) provinciales que en diecisiete provincias ya se aceptaron pero todavía no los han implementad.

En esas jurisdicciones, los peritos son independientes, cobran por porcentaje de incapacidad asignado y no están sujetos a estándares técnicos uniformes. En contraste, provincias como Salta y Río Negro, que sí cuentan con peritos judiciales propios, registran niveles de litigiosidad significativamente menores, a pesar de tener condiciones socioeconómicas similares a sus vecinas.

El sistema de riesgo de trabajo protege a 10 millones de trabajadores y a un millón de empleadores, con una cobertura médica integral sin costo adicional para los trabajadores, de acuerdo a las cifras que marcaron en el comunicado difundido.