Este miércoles por la tarde, se reunió la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Se trató del primer encuentro de este año y de la nueva integración.

Hasta allí llegaron representantes de Santa Cruz; Chubut; Neuquén; Formosa; Mendoza; Río Negro; Tierra del Fuego; La Pampa; Jujuy; y Salta, las 10 jurisdicciones que integran la OFEPHI, presidida actualmente por el neuquino Rolando Figueroa. Cabe destacar que el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, fue en nombre del gobernador Claudio Vidal.

La convocatoria había sido anticipada en el encuentro de gobernadores patagónicos, donde se planteó la necesidad de que se introduzcan cambios en la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” -también llamada “Ley Ómnibus“- que envió el gobierno nacional al Congreso, principalmente en lo que atañe a las economías regionales.

En este contexto, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos analizó el capítulo IX – Energía – Sección I del proyecto impulsado por Javier Milei que propone modificaciones sustanciales a la Ley de Hidrocarburos N° 17.319.

Gobernadores de la OFEPHI analizaron la Ley Ómnibus 

En un informe que será remitido al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y a los jefes de bloque en el Congreso, los gobernadores y representantes de la OFEPHI ratificaron “la defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos”.

Asimismo, abogaron por un “un marco jurídico para la actividad hidrocarburífera que permitan dotar de mayor previsibilidad y mejorar la generación de empleo, los niveles de actividad económica y de agregado de valor en cada una de nuestras Provincias”.

Los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos expresaron su desacuerdo con lo previsto en el artículo 319° del Proyecto de Ley, en cuanto a que se Faculta al Poder Ejecutivo Nacional a la elaboración, conjuntamente con las Provincias, de una legislación ambiental uniforme a nivel nacional para el sector de los hidrocarburos.

“Si bien podemos compartir el objetivo último que se enuncia en dicho artículo, entendemos que la génesis de una legislación del tipo propuesto debe surgir del consenso de las partes y no de la voluntad de un nivel de gobierno por sobre el resto”, alegaron.

En este marco, acordaron con los objetivos que en materia ambiental se incorporan en la Sección IX – De la Transición Energética, aunque reivindicaron la potestad de las Provincias conforme la Ley 26.197 rechazando la delegación de facultades que en materia ambiental se efectúa en dicha sección.

Argumentaron que “si bien el artículo 204 del mencionado proyecto de Ley mantiene la vigencia de los derechos de exportación actualmente vigentes, para los hidrocarburos y la minería (8%), luego le brinda la posibilidad al Poder Ejecutivo Nacional de incrementarlos hasta el 15%. Por eso pedimos, que la alícuota máxima a gravar con derechos de exportación a los hidrocarburos, no pueda superar el 8% actualmente vigente y para ello se mantenga el esquema establecido en el artículo 7° del Decreto Nacional N° 488/20“.

Con relación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sostuvieron que es importante tener en cuenta que, “si bien tanto los sectores de energía, como petróleo y gas son considerados dentro de dicho régimen, dados los plazos y montos de inversión previstos en la propuesta, la redacción actual descartaría, en principio, proyectos de explotación hidrocarburífera, por lo que solicitamos su adecuación”.

Paralelamente y en el marco de la necesidad de reactivación de la actividad en las distintas cuencas hidrocarburíferas del país, aseveraron que es “de interés de los Estados miembros de la OFEPHI que aquellas áreas maduras de explotación convencional que no sean de interés estratégico y que ello se haya visto reflejado en una caída de inversiones, actividad y producción, las empresas deberán arbitrar los procesos de cesión y/o reversión de las mismas hacia las Provincias”.

En el cierre del informe elevado a Nación, manifestaron su disposición a participar en los ámbitos legislativos pertinentes para realizar todos los aportes necesarios conducentes “a logro de los objetivos propuestos informando asimismo que a través de la Secretaría Ejecutiva del Organismo se remitirá una propuesta de texto normativo para su consideración“.

Nota publicada originalmente en La Opinión Austral