El juez federal Jorge Gorini presentó ante el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema un pedido para determinar el decomiso de bienes contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La cifra base asciende a $86.000 millones, vinculada al daño económico causado por maniobras irregulares en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, en el marco de la causa Vialidad.

Ese monto, que aún debe actualizarse, se desprende de peritajes realizados sobre obras seleccionadas como muestra del esquema de corrupción, y servirá como base para definir el resarcimiento.

Obra pública direccionada

Según el fallo judicial, entre 2003 y 2015 el 86% de las obras viales financiadas por el Estado nacional en Santa Cruz se adjudicó al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, a través de licitaciones direccionadas, simulación de competencia, pagos privilegiados y falta de controles estatales.

El Tribunal Oral Federal N° 2 consideró que esta operatoria representó "una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia del país", lo que justificó el avance del proceso de decomiso como forma de reparación económica.

Condenas firmes y ejecución de pena

Luego de que la Corte Suprema confirmara las condenas, Gorini —a cargo de ejecutar la sentencia— solicitó a los especialistas de la Corte que establezcan el monto definitivo. Además de Cristina Kirchner, el decomiso alcanzará a nueve condenados, entre ellos Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.

Obras testigo y sobreprecios

La estimación inicial se basó en el análisis de cinco obras testigo, entre las que figuran tres tramos en la Ruta Nacional 3, entre Caleta Olivia y Rada Tilly. 

Los peritajes revelaron sobreprecios, colusión entre empresas y mecanismos sistemáticos de fraude. A partir de esos resultados, se proyectó el daño total generado por el esquema.

Embargos y bienes

Una vez que el monto actualizado sea oficializado, el juez dará a los condenados un plazo de diez días hábiles para abonar sus respectivas partes. En caso de incumplimiento, la Justicia ejecutará los bienes registrados a nombre de cada implicado.

En paralelo, el fiscal Diego Luciani presentó un informe patrimonial de 40 páginas que detalla los activos, propiedades y estructuras societarias de los involucrados. El documento, citado por el portal Nuevo Día de Santa Cruz, acompañará las medidas de embargo.