Luego de que el Gobierno nacional anunciara una inflación del 1,6% para junio, la Mesa Sindical integrada por más de 50 organizaciones volvió a poner en duda la veracidad de las cifras oficiales. A través de un documento titulado “¿Quién cree en la inflación oficial?”, el espacio gremial apuntó incluso contra la “euforia presidencial” expresada en redes sociales, donde el jefe de Estado celebró el índice y volvió a fustigar a la oposición.

En el comunicado, la Mesa Sindical calificó el registro del IPC para el mes pasado como “un número difícil de creer, de acuerdo a la experiencia del bolsillo de cada habitante de la República Argentina”. Enfatizaron que “a esta altura, ese índice inflacionario es un insulto al sentido común”.

Fuentes del bloque consultadas por BAE Negocios señalaron que los aumentos reales en productos de primera necesidad y servicios continúan muy por encima del dato oficial, y que esto “se verifica con solo recorrer las góndolas o pagar una factura de servicios básicos”.

Uno de los principales reclamos apunta a que la Casa Rosada debe levantar “el cepo impuesto al salario, así como también a las jubilaciones y pensiones”. Según las estimaciones gremiales, existe un desfasaje del 20% en los ingresos respecto al aumento real del costo de vida, especialmente en alimentos, tarifas y salud.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Federación de Aceiteros (FTCIODyARA), la Federación Judicial Argentina (FJA), la Asociación del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO), la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas (APJGas), CTERA, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y otros sindicatos de alcance nacional y provincial.

Desde ese colectivo denunciaron además que “los gastos de vivienda, agua, electricidad, gas y educación más que duplicaron el índice oficial”, mientras que “los aumentos en salud, equipamiento y mantenimiento del hogar, comunicaciones y recreación también superaron ampliamente el registro comunicado por el Gobierno”.

“Si va sin frenos, no anda bien”

Los gremios también cuestionaron la metodología del INDEC, al señalar que el IPC está basado en la estructura de consumo de un ciudadano promedio de 2004. Esta antigüedad, advierten, genera un “componente estacional a la baja”, ya que muchos gastos actuales —como luz, gas, agua, telefonía, combustibles o transporte— tienen menor peso o no están actualizados en la canasta que sirve de base para el cálculo.

Además, remarcaron que el Ministerio de Economía, junto a la Secretaría de Trabajo, continúa aplicando una estrategoa política de “pisar las paritarias”, incluso cuando hay acuerdo entre partes. “Toman índices desactualizados para calcular la inflación oficial y demoran las homologaciones salariales”, afirmaron, en sintonía con lo denunciado también por la CGT y ambas CTA.