La CGT se presentó ante la Justicia con una acción destinada a frenar el reciente DNU 340/2025 del Gobierno, que apunta a limitar el derecho a huelga. Se trata de un recurso de amparo elaborado por los abogados que asesoran a la central obrera, elevado ante el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 3, a cargo de la jueza Moira Fullana. El escrito busca que dicho tribunal declare la invalidez del decreto.

La central sindical fundamentó su decisión en la necesidad de “evitar perjuicios irreparables al movimiento obrero y preservar el pleno ejercicio de los derechos sindicales mientras se resuelve el fondo del planteo”.

La vía judicial había sido anticipada por el secretario adjunto de Azopardo, Andrés Rodríguez (UPCN) y el triunviro Héctor Daer, en el marco del rechazo gremial a la nueva ofensiva de la gestión libertaria sobre los derechos laborales.

 

El DNU en cuestión propone ampliar el listado de actividades esenciales, incorporando el transporte de cargas y de personas, la educación, los servicios de telecomunicaciones, entre otros. En esa línea, establece la obligación de garantizar un 75 % de la prestación de servicios por parte de los gremios comprendidos.

Además, el decreto avanza aún más al introducir la figura de “actividades de importancia trascendental”, imponiendo para esos sectores la obligación de mantener al menos un 50 % de los servicios durante las huelgas. Esta nueva categoría incluye rubros industriales como alimentación, metalurgia y construcción; entidades bancarias; locales gastronómicos; y los servicios administrativos vinculados a la exportación, como el trabajo en aduanas.

En los fundamentos de su presentación, la CGT sostiene que el DNU reglamenta de manera restrictiva el derecho de huelga. Asegura que amplía “arbitrariamente” el listado de servicios esenciales e impone niveles mínimos de prestación que, en algunos casos, alcanzan el 75 %, partiendo de una base del 50 %.

Al considerar el nuevo “decretazo”, los sindicalistas de la central no dudan en calificar el avance contra los paros —e incluso contra las asambleas en los lugares de trabajo— como “ilegítimo”, en contraposición a potestades garantizadas por la Constitución Nacional y por normativas laborales específicas.

Consultadas por este diario, fuentes cegetistas remarcaron que el DNU “viola el artículo 14 bis de la Constitución, los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional, que garantizan la libertad sindical y el derecho a huelga”.

Desde la CGT también advirtieron que la iniciativa del Ministerio de Regulación, a cargo de Federico Sturzenegger, ni siquiera cumple con los requisitos de necesidad y urgencia que exige el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. “La reforma del régimen legal de huelga no puede realizarse por decreto”, enfatizaron.

En ese contexto, vincularon la avanzada libertaria con la política restrictiva que el Ejecutivo viene aplicando sobre los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) y con las “paritarias pisadas” de los últimos meses. “Pretenden avasallar la capacidad de acción sindical”, afirmaron, y justificaron así su pedido de una medida cautelar de no innovar, para suspender inmediatamente la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU 340/2025.