La Unión Europea (UE) puso en vigencia hoy su pionera Ley de Inteligencia Artificial (IA), marcando un auténtico hito en la regulación global de esta tecnología. La norma clasifica y regula el uso de la IA según el riesgo que represente para las personas, al tiempo que busca promover la competitividad de la industria europea frente a otras potencias competidoras como China y Estados Unidos.

Regulación Basada en el Riesgo

La ley clasifica los sistemas de IA en función del riesgo que suponen para los derechos fundamentales:

Riesgo Inaceptable: Sistemas que representan una amenaza significativa para los derechos fundamentales, prohibidos bajo la nueva normativa. Alto Riesgo: Sistemas permitidos bajo estrictas condiciones que aseguren el respeto a los derechos humanos. Riesgos de Transparencia: Incluye tecnologías como los 'chatbots', sujetas a requisitos específicos. Riesgo Mínimo: La mayoría de los sistemas, que no estarán sujetos a regulación estricta.

La normativa prohíbe categóricamente el uso de IA para categorización biométrica basada en creencias políticas, religiosas, filosóficas, raza u orientación sexual, así como sistemas que manipulen el comportamiento humano o amplíen bases de datos faciales indiscriminadamente.

 

Excepciones y Obligaciones

Aunque la vigilancia masiva está prohibida, la ley de IA permite el uso de cámaras de identificación biométrica por parte de las fuerzas del orden bajo autorización judicial en casos de amenazas terroristas o para localizar a personas involucradas en delitos graves.

Además, los sistemas de IA considerados de alto riesgo deberán garantizar el respeto a los derechos fundamentales, incluyendo aquellos que influyen en procesos electorales o evaluaciones de solvencia crediticia. Programas de uso general, como ChatGPT y Bard, deben especificar si su contenido es generado por IA y respetar los derechos de autor en sus datos de entrenamiento.

 

Sanciones y Plazos

Las empresas que incumplan la ley de IA enfrentan multas significativas, llegando hasta el 7 % de su facturación global anual para infracciones graves. Los Estados miembros de la UE tienen hasta el 2 de agosto de 2025 para designar la autoridad encargada de aplicar la ley, con la mayoría de disposiciones vigentes a partir del 2 de agosto de 2026.

Con esta legislación, la UE se posiciona a la vanguardia de la regulación de la IA, buscando un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y el fomento de la innovación tecnológica en Europa.