DESPUÉS DE LA JORNADA EN EL CONGRESO

La advertencia de Javier Milei de vetar los proyectos en Diputados y aplicar sanciones es "absurda"

El abogado constitucional Pedro Caminos criticó los dichos del Presidente. "No existe base constitucional para sancionar a un legislador por votar una ley", aseguró

BAE Negocios

Tras la advertencia del presidente Javier Milei de vetar leyes aprobadas por el Congreso y sancionar a los legisladores que las impulsaron, el abogado constitucionalista Pedro Caminos fue categórico: “Es absurdo. No existe base constitucional para sancionar a un legislador por votar una ley. La Carta Magna les otorga inmunidades para que no se los pueda presionar o intimidar por sus opiniones o votos”.

El mandatario hizo el anuncio en cadena nacional al referirse a las iniciativas que amplían el presupuesto universitario, garantizan la continuidad del Hospital Garrahan y preservan fondos para personas con discapacidad, a las que calificó de “demagógicas”.

“Este Gobierno no va a claudicar en su lucha por eliminar la inflación, mantener el superávit fiscal y terminar con los privilegios de la política”, sostuvo en la transmisión televisiva. 

El abogado constitucionalista tildó de “incoherentes” las decisiones del Gobierno

Caminos explicó por Radio Rivadavia que la Constitución establece que, una vez sancionada una ley por ambas cámaras, pasa al Presidente, quien puede promulgarla o vetarla; en caso de veto, el proyecto regresa al Congreso y, si obtiene dos tercios en ambas cámaras, el presidente debe promulgarla obligatoriamente.

 

“Es incoherente decir que no se quiere gastar más mientras se eliminan impuestos a sectores que pueden contribuir o se compran bienes militares obsoletos”, cuestionó el abogado sobre las decisiones del Presidente

Consideró que el Ejecutivo intentará evitar esos dos tercios mediante negociaciones políticas y recordó que, más allá de la puja institucional, los ciudadanos pueden reclamar judicialmente por derechos fundamentales en salud y discapacidad, ya que el Estado Nacional es el responsable final y las leyes vigentes los amparan.

Si bien señaló que sería deseable que toda ley con gasto especifique su fuente de financiamiento, aclaró que no es un requisito constitucional. También cuestionó las prioridades de gasto del Gobierno, al sostener que “es incoherente decir que no se quiere gastar más mientras se eliminan impuestos a sectores que pueden contribuir o se compran bienes militares obsoletos”.

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