Sobre la certeza de que “toda paritaria es política”, la puja salarial de la UOM continúa sumando capítulos. Para esta nueva entrega la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima) salió al cruce del secretario general de la UOM, Abel Furlán, y negó haber entorpecido la homologación del acuerdo firmado por el gremio y el resto de las cámaras empresarias del sector el 4 de junio.

Durante la movilización metalúrgica del miércoles 23, Furlán había denunciado una maniobra dilatoria: “Hay una cámara totalmente minoritaria que está demorando la homologación del acuerdo. Y esa demora responde a una estrategia de la secretaría de Trabajo, respondiendo al Grupo Techint, para no convalidarlo”.

Los misiles de la UOM al grupo de Paolo Rocca no quedan en la paritaria, le adjudican la intención adicional de pretender terciar en la conformación de la próxima conducción de la CGT, como publicó BAE Negocios.

En cuanto a la pulseada salarial Camima rechazó esas acusaciones. “No observamos ni impugnamos formalmente el acuerdo”, aseguraron en un comunicado. La entidad explicó que decidió no suscribirlo y que, el 2 de julio, recibió una notificación oficial de la secretaría de Trabajo solicitando que expusiera los motivos de su abstención. “Respondimos en tiempo y forma el 16 de julio”, señalaron.

Desde la cámara aclararon además que todas las partes fueron notificadas oficialmente del procedimiento ese mismo 2 de julio, incluida la UOM. Por lo tanto, afirman que el señalamiento público del gremio “no se condice con la realidad del expediente administrativo”.

En relación con el calificativo de “minoritaria”, ese bloque patronal le respondió a Furlán: “Representamos a la mayoría de las pymes metalúrgicas del país, unas 22.000 empresas. Las pequeñas y medianas empresas no están en condiciones de afrontar el incremento salarial sin poner en riesgo su viabilidad”.

Furlán había advertido en su discurso que “hay una connivencia entre sectores del empresariado y funcionarios del Gobierno”, y apuntó contra el secretario de Trabajo Julio Cordero, ex ejecutivo de Techint. En ese sentido, Camima respondió que “es una entidad independiente y apartidaria, no cooptada por ninguna empresa en particular”, y negó cualquier vínculo con el grupo de Paolo Rocca o el Ejecutivo.

Malestares con temperaturas de fragua

Más allá de los términos “diplomáticos” del comunicado de Camima, cuando el 4 de junio la UOM y el resto de los bloques empresarios suscribieron el acuerdo que el Gobierno no homologó todavía, la interna empresaria quedó en superficie. A los dichos gremiales sobre que “no solo los sindicatos tenemos internas, los patrones se sacan los ojos”, se sumó el malestar que desde esa cámara pyme y otras representaciones patronales expresaron a este diario por el nudo que no llevó la negociación a punto de acuerdo. La historia continuará incluso más allá de esta paritaria.

La UOM presiona por la homologación inmediata del acta firmada con Adimra, Afarte, AFAC, Fedehogar y Caima, que incluye incrementos, más cláusulas de revisión. Desde el sindicato consideran que la cartera laboral “tiene la obligación legal de convalidar ese acuerdo” y aseguran que la demora “afecta directamente el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Para Camima los plazos legales aún están en curso. “El acuerdo fue firmado el 4 de junio, y la secretaría de Trabajo informó que el plazo de 30 días comenzaba a contarse recién desde el 2 de julio. No hay incumplimiento normativo”, enfatizaron. Vale recordar que en la carpeta de “criterios de interpretación”, lá mínima objeción a una paritaria lleva -en la práctica- a la reformulación de los plazos a favor de las empresas, comentaron fuentes laboralistas a este medio.

“La situación es crítica. Rechazamos cualquier medida que comprometa el desarrollo de nuestras empresas y el futuro de sus trabajadores”, afirmaron. También aclararon que no se oponen a mejoras salariales, pero consideran que deben ser sostenibles: “Las consideramos necesarias y deseables, pero deben estar acompañadas por aumentos de productividad, menor litigiosidad laboral y una menor carga impositiva”.

Finalmente, la cámara ratificó su “voluntad de diálogo para alcanzar un acuerdo” y advirtió que extender los términos pactados a todas las pymes que representa “profundizaría la crisis con riesgo real de más pérdidas de empleos”. “Defender la sostenibilidad de las empresas es también defender los puestos de trabajo presentes y futuros de sus empleados”, concluyó el comunicado de la cámara.