Hacia finales de enero, el Gobierno anunció una reducción parcial de los derechos de exportación (DEX) que gravan los productos agropecuarios y sus principales derivados agroindustriales. Esta medida fue celebrada desde el sector, a pesar de su vigencia limitada hasta finales de junio, interpretándose como el comienzo del proceso de eliminación de este gravamen que, por sus efectos distorsivos, aplican muy pocos países.

 Inicialmente se especulaba con que el plazo de vigencia del nuevo esquema sería extendido. Sin embargo, el Presidente ratificó en las últimas semanas el carácter temporario de la reducción, expresando que las alícuotas volverán a sus niveles una vez vencido el plazo.

No está claro si dicho pronunciamiento tiene que ver con un intento de acelerar la comercialización de granos durante los primeros meses del nuevo régimen cambiario, para prorrogar la baja de DEX una vez llegado el momento o si el Gobierno realmente necesita más recursos fiscales para el segundo semestre y, por lo tanto, subirá el impuesto cumpliendo lo establecido inicialmente.

Debido a la disyuntiva presentada parece oportuno recordar que los DEX afectan la rentabilidad del negocio de producir granos, induciendo a las empresas agropecuarias a minimizar la incorporación de tecnologías (maquinarias, semillas, fertilizantes, etcétera) y limitar la expansión de la superficie bajo explotación (se descartan las zonas de rindes más bajos o inciertos). Es decir, la inversión se reduce en un escenario con DEX respecto de aquella que se observaría bajo un escenario que no castiga la actividad con este impuesto.

Pérdida de rentabilidad 

 

La pérdida de rentabilidad del negocio se puede aproximar. Para ello se toman como referencia dos modelos agrícolas con distintos niveles de eficiencia en la producción de los granos: uno que captura particularidades de la zona núcleo (sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires) y otro que intenta representar a la gran región extra pampeana (norte de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, centro-norte del país).

 Además, en cada uno de ellos se consideran distintos regímenes de tenencia de la tierra para evaluar el impacto sobre la rentabilidad de empresas agropecuarias que producen en campo propio versus alquilado (lo que deja un total de cuatro casos bajo análisis). 

En todos los casos se supone una escala de 500 hectáreas y un esquema de siembra repartido entre soja y maíz. Las principales diferencias entre zonas se deben a la productividad de la tierra (rendimientos de cultivos), las distancias al puerto (costo transporte de cargas) y los distintos requerimientos de insumos y labores según la ubicación geográfica (costos directos de producción). 

Las diferencias entre propietarios y arrendatarios de una misma zona se deben a la incidencia del costo de arrendamiento, el cual se expresa en quintales fijos de soja (15 quintales por hectárea en la zona núcleo y 8 quintales por hectárea en zona la extrapampeana) valuados a precios FAS Rosario al momento de la cosecha.

Si el Gobierno aumenta los DEX a fines de junio, la rentabilidad de producir granos (ingresos menos costos y todos los impuestos) empeorará entre un 11% y un 12% en la zona núcleo (entre USD30 y USD60 por hectárea, aproximadamente) y entre un 21% y un 74% en la zona extrapampeana (entre USD32 y USD43 por hectárea). Por su parte, el fisco (nacional y provincial como un todo) podría recaudar entre un 11% y un 20% más según tipo de productor y zona. El castigo es mayor en la zona extrapampeana, más alejada de los puertos y que no cuenta con las mismas aptitudes edafoclimáticas que la zona núcleo.

Haciendo algunos cálculos y supuestos, si a mediados de año quedase sin comercializar el 50% del saldo exportable de maíz, el 60% del de soja y el 20% del trigo correspondiente al ciclo 2024-2025, la suba de alícuotas generará, por estos granos remanentes y a los precios internacionales esperados, un incremento de recaudación estimado en USD930 millones en el plazo en que se complete la comercialización (de ocho a nueve meses). Si bien quedan otros granos que pueden agregar algunos dólares, el hecho es que la medida tendría un impacto relativamente bajo en términos de recaudación y del resultado del ejercicio fiscal 2025 (no mayor que el 0,1% del PIB 2025).

A cambio de mayores recursos fiscales de coyuntura, la reversión de la medida tendría todos los efectos dinámicos negativos antes mencionados en términos de desincentivo a la inversión, a la incorporación de nuevas tecnologías y a la expansión de la actividad en las zonas extrapampeanas. Todo lo anterior deriva en una base imponible efectiva más reducida respecto de aquella que potencialmente puede ofrecer el sector agropecuario en otros impuestos menos dañinos, en forma directa o a través de sus actividades económicas vinculadas, bajo un esquema de menor carga tributaria sobre las exportaciones. Además, se trataría de una señal muy negativa para un sector que espera que el Gobierno mantenga el rumbo en pos de cumplir su promesa electoral de eliminar definitivamente los DEX. Respecto de esto, el PAL N°101 se presenta una propuesta de cómo podría avanzarse en esta eliminación, una reforma que disminuya la exagerada presión tributaria que sufre el sector, pero que le permita al fisco la posibilidad de recuperar ingresos por medio de una mayor recaudación y posibles modificaciones de otros tributos.