El cronograma para reestructurar la deuda pública que apela a la buena fe de acreedores y deudores lanzado por el Gobierno hoy se rige por principios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) propuestos por la Argentina hace cinco años, con el argumento de que iba a servir para otras naciones.

La Asamblea General de la ONU adoptó en septiembre de 2015 una resolución por la que establece principios básicos a tener en cuenta en procesos de reestructuración de deuda soberana y subrayó que acreedores y deudores deben actuar de "buena fe" y cooperar para llegar a un acuerdo consensuado.

La resolución, promovida por la Argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner y formalmente presentada por Sudáfrica, fue respaldada por el Grupo de los 77 más China, obtuvo 136 votos a favor, seis votaron en contra y 41-entre ellos todos los países europeos, incluido España- se abstuvieron. Contó con el respaldo del mundo emergente.

El texto incluye nueve principios, entre ellos el de que un Estado soberano tiene derecho a elaborar su política macroeconómica, incluida la reestructuración de su deuda.

Precisamente, durante la votación participaron el ex canciller Hector Timerman y el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien como ministro de Economía había opinado que estos principios "de mayoría" serían de utilidad para otros países pero no para la Argentina.

“Es una forma de ponerle límite a los piratas del siglo XXI, que no son ni más ni menos que los fondos buitre que, amparándose en la falta de una legislación global han usufructuado la pobreza de varios de los países aquí presentes”, dijo Timerman desde su banca.

Kicillof explicó que Argentina había llegado tarde a ellos, ya que para entonces el país tenía un 7% de remanente de deuda en default del 2001 (aproximadamente US$7.000 millones nominales) y se encontraba litigando hacía 14 años en los tribunales de Nueva York contra los fondos buitre.

"Es un paso fundamental para que consigamos un mundo mejor, un mundo libre de buitres", había dicho en la sala de la Asamblea General.

Luego, el ex presidente Mauricio Macri cerró un acuerdo que casi triplicó lo adeudado con los fondos litigantes, y quedó sólo el 1% de la deuda en default, de los aproximadamente US$315.000 millones de dólares.

Cuatro años después, y con una economía estancada, es el turno del gobierno de Alberto Fernández para reestructurar la deuda nuevamente.

Hoy comenzó el proceso de una operación que en total demandará dos meses, según el cronograma divulgado la semana pasada, y que por lo tanto culminaría a fines de marzo, si prevalece la buena fe entre las partes, justo antes del fin del último trimestre, cuando comienzan a correr los vencimientos de la Nación.

Los privados calculan que la Argentina debería pagar US$26.000 millones en el segundo trimestre, de no mediar los canjes y reestructuraciones en danza,

El texto de Naciones Unidas señala también que acreedores y deudores deben llevar a cabo negociaciones constructivas con el propósito de concluir el proceso de reestructuración lo antes posible y con transparencia.

La resolución establece además que los estados no deben discriminar entre los acreedores y alude a la inmunidad de un Estado frente a tribunales extranjeros en estos procesos.

Aquí, vale la pena destacar al Fondo Monetario Internacional (FMI), un actor clave de este proceso, el mayor acreedor de la Argentina, con una deuda que se aproxima a los US$44.000 millones.

El Fondo estará presente en el país, la semana del 12 de febrero cuando Guzmán presente el plan de sostenibilidad de la deuda, el famoso programa que miran los inversores para creerle a la Argentina que esta vez podrá pagar la cuenta.

Un respaldo del FMI sería "muy positivo" para la Argentina, apuntó la consultora internacional Torino Economics en una nota enviada hoy a sus clientes que recogió Bloomberg.

La resolución de la ONU en cuestión incluye también un principio de sostenibilidad y aboga por que los procesos de reestructuración se completen a tiempo y con eficacia, de manera que no pongan en peligro la estabilidad de los países deudores y eso contribuya a un crecimiento económico inclusivo y a la estabilidad del sistema financiero internacional.

Además, establece que los acuerdos aprobados por una mayoría cualificada de acreedores no deben ser afectados, perjudicados u obstaculizados por otros estados o una minoría de acreedores no representativa, que deben respetar la decisión de la mayoría; punto sobre el que el gobierno de Cristina Kirchner hizo mucho incapié debido a la posición del 7% de los acreedores respecto a la deuda Argentina de entonces.

Uno de los economistas que más apoyó esta iniciativa por entonces fue el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, mentor y ex jefe de Guzmán en la Universidad de Columbia.

Hoy, los analistas económicos comenzaron a reconocer los pasos de Guzmán en este sentido.

"La prioridad del ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, parece ser estimular el crecimiento de la economía y la capacidad exportadora de Argentina para obtener los ingresos que le permitirán a la nación recuperar la capacidad de pago de sus deudas", expresó Torino.