La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, estudia presentar un recurso contra la cautelar dictada hoy por un juez de la Corte Suprema que determina la libertad de todos los condenados en segunda instancia, con lo que el ex presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva podría quedar libre.

La decisión del juez Marco Aurelio Mello se apoya en un artículo de la Constitución, según el cual una pena de prisión solo se puede comenzar a ejecutar una vez que se cumpla lo que en Brasil se conoce como "tránsito en juzgado", que supone el fin de todo el proceso de apelaciones.

En el caso de Lula, en prisión desde abril tras haber sido condenado por corrupción a 12 años en segunda instancia, aún restan dos apelaciones a tribunales superiores, por lo que la medida anunciada por el juez Mello podría beneficiarle, igual que a otros políticos presos por asuntos de corrupción.

Una nota divulgada hoy por la Fiscalía, señala que aunque Dodge no ha sido comunicada de la decisión, "ya analiza, junto con el equipo, las medidas judiciales", informó la agencia de noticias EFE.

El ente acusador precisó en la nota que "el inicio del cumplimiento de la pena tras decisiones de cortes recursales es compatible con la Constitución", garantiza "la efectividad del Derecho Penal y contribuye al fin de la impunidad".