Malvinas: una causa nacional que trasciende al gobierno de turno
En las últimas décadas, los gobiernos de Argentina tuvieron políticas diversas: desde la "seducción" del menemismo y las licencias para explotación de recursos naturales hasta el reclamo de soberanía ante los foros internacionales
El 2 de abril de 1982, el gobierno de facto liderado por el general Leopoldo Galtieri inició la denominada Operación Rosario, cuyo objetivo era recuperar el control de las islas Malvinas, bajo ocupación británica. A cuarenta y tres años de ese día, mucho se ha dicho sobre la necesidad de un motivo, incluso una excusa, que uniese a las poblaciones de ambos países en pugna y generara un apoyo renovado hacia sus respectivos gobiernos: mientras que Galtieri necesitaba que la sociedad se fusionara con las Fuerzas Armadas y permitiese prolongar la dictadura iniciada en 1976, el gobierno de Margaret Thatcher enfrentaba serias dificultades económicas y una crisis de popularidad.
Tras la derrota argentina, varias y diversas fueron las estrategias de los sucesivos gobiernos para encarar el tema Malvinas. Una vez restaurada la democracia, Raúl Alfonsín marcó el camino al expresar que la recuperación de las islas era un objetivo indeclinable.
Sin embargo, la urgencia por recomponer la imagen del país luego de que se conocieran los terribles delitos de lesa humanidad llevados adelante durante la dictadura, el acercamiento que la guerra generó entre los ocupantes de las islas y Gran Bretaña y la negativa de este país para discutir la soberanía fueron cuestiones que dificultaron un avance.
De esta manera se activó la estrategia de la negociación multilateral a través de organismos internacionales. Por su parte, y resumidamente, durante los mandatos de Carlos Menem se buscó retomar y mejorar las relaciones con Gran Bretaña, incluyendo la primera visita oficial de un presidente argentino al país europeo luego de la guerra.
No obstante, su estrategia de seducción no derivó en resultados importantes: Gran Bretaña siguió negándose a discutir la soberanía y, posteriormente, la táctica se abandonó durante los gobiernos de Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde destacándose el rol del derecho internacional en la resolución del conflicto, aunque los problemas económicos internos de Argentina fueron de tal magnitud que el tema no se priorizó.
Asimismo, durante los gobiernos kirchneristas se reiteró el pedido de acatamiento de las resoluciones internacionales que instan a Gran Bretaña a reanudar las negociaciones referidas a la soberanía y se rechazó la creación de una Constitución para las islas, vestigio colonialista que pregona el respeto por su autogobierno y resguarda la última palabra de Londres en temas de política exterior, defensa y justicia.
Mauricio Macri fue el primer presidente en no referirse a las Malvinas al asumir y durante su mandato que se firmó el acuerdo Foradori-Duncan, un comunicado conjunto que realizaba concesiones para la explotación de los recursos naturales de las islas en favor de los británicos.
De hecho, la economía de las Malvinas está fuertemente favorecida por el otorgamiento de licencias para la pesca en el Mar Argentino y la posibilidad de explotación de hidrocarburos offshore, también en la plataforma marítima nacional.
Incluso considerando este acuerdo, dejado sin efecto por el gobierno de Alberto Fernández, los presidentes que se sucedieron hasta el momento coincidieron tanto en proclamar a las islas parte de nuestro territorio como en rechazar el argumento de la autodeterminación de los pueblos, una de las principales justificaciones británicas, aunque en este caso no es aplicable dado que la comunidad que habita las islas fue implantada luego de la ocupación ilegítima ocurrida en 1833. Muy por el contrario, Gran Bretaña sufrió este argumento durante los procesos descolonizadores del siglo XX.
Sin embargo, en el acto realizado la semana pasada en el cenotafio de la Plaza San Martín de la Ciudad de Buenos Aires (en el cual, además, se les negó la participación a muchos veteranos), el Presidente dio un giro rotundo en la argumentación argentina.
Tal vez enceguecido por su afán de diferenciarse de "la casta" (en la que engloba cualquier proyecto que no sea el propio) o tal vez por su interés en pertenecer a una elite internacional, Milei dijo anhelar que "los malvinenses decidan y prefieran ser argentinos". Esto representa un grave antecedente en las relaciones diplomáticas y en el reclamo del país, tanto en términos bilaterales como frente a organismos internacionales, ya que entiende a quienes ocupan las islas como legítimos habitantes.
Los integrantes de La Libertad Avanza ya han dado muestras del poco valor que otorgan a la palabra: Milei, por ejemplo, denostó a Luis Caputo y a Patricia Bullrich durante la campaña electoral y hoy se cuentan entre sus ministros más relevantes.
También se manifestaron fuertemente en contra de recurrir al Fondo Monetario Internacional, entendiéndolo como la peor alternativa, aunque actualmente buscan disfrazarlo como una situación diferente de las anteriores. No obstante, el mecanismo es distinto en los ámbitos diplomáticos: estas declaraciones pueden arruinar años de esfuerzos por instalar el tema y por conseguir un respaldo tanto regional como internacional.
La presidencia de Milei no es más que una contingencia histórica, pero las Malvinas son una cuestión nacional y es responsabilidad del Presidente poder dar cuenta de esa diferencia, así como también actuar en consecuencia.