El Gobierno enfrentará esta semana una nueva movilización en defensa de la educación superior gratuita y con el reclamo de que se garantice su financiamiento. Será la segunda marcha luego de la realizada el 23 de abril bajo el lema "En defensa de la educación pública".

La marcha buscó visibilizar la situación del sistema universitario y científico nacional. Entre esa marcha y la que convocada para elmiércoles de de octubre la situación presupuestaria mantiene los fuertes recortes.

Diez días atrás, el Congreso nacional sancionó una ley para garantizar el financiamiento de la educación superior, que el presidente Javier Milei decidió vetar en forma completa.

La ley declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales y el impacto para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales.

La marcha universtaria se realiza en un conexto de provocación por parte del Gobierno nacional luego de que el secretario de Eduación, Carlos Torendell, señalara que las Universidades "inventan alumnos".

Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año, de acuerdo a los detalles que difundió un informe de Chequeado.

La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

De acuerdo con los datos publicados por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), al contrastar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación publicada por el INDEC, en agosto de 2024 la caída del poder de compra fue del 9,2% respecto de diciembre de 2023.

De acuerdo con los datos que sintetizó un informe de la consultora Vectorial, las transferencias a universidades cayeron en un 29%, aunque el desagregado por institución es dispar.

La UBA, la Universidad Nacional de La Plata y la de Córdoba tienen caídas en torno al 23% para el primer caso y del 28% para el segundo y tercero. Por otra parte, hay universidades con una caída real interanual de sus fondos mayores al 50%, con una desfinanciación total en el resonado caso de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.

"Si se realizara el ejercicio de provincializar las universidades, un rumor que ha trascendido en los últimos días debido al conflicto en ciernes, las dos jurisdicciones con mayor perjuicio serían la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires", detalló Vectorial.

En el primer caso, solo de enero a agosto, la Provincia debería haber erogado (con ajuste interanual mediante) unos $387 mil millones para cubrir las necesidades de las universidades radicadas en su territorio.

En el segundo caso, esta cifra alcanzaría los $431 mil millones, dañando seriamente las finanzas de las jurisdicciones involucradas.