El gobierno nacional, el 24 de marzo, con motivo de la conmemoración del golpe militar del año 1976, difundió un video institucional protagonizado -como conductor principal- por Juan Bautista (Tata) Jofre, quien comienza citando a un autor checoslovaco de la obra titulada “La risa y el olvido” donde sostiene que para destruir a las naciones, primero se destruyen su memoria, libros, cultura, historia y se la reemplaza por otros libros, otra cultura, otra historia.

La afirmación puede ser compartida, pero ocultar la memoria y tergiversar la historia es precisamente lo que se está tratando de hacer en el desarrollo del video, como trataré de demostrar. Primera puntualización, no repudia el golpe militar genocida del 24 de marzo de 1976, calificación, la de genocida, que no ofrece lugar a dudas y es unánimemente reconocida a nivel mundial y también omite toda referencia a los hijos de desaparecidos, nacidos en cautiverio, a los que se sustituyó la identidad y de los cuales han aparecido muchos, pero aún restan ubicar a otros tantos.

Después, el video trasmite la participación de María Fernanda Viola, hija y hermana respectivamente del capitán Viola y su pequeña hija, asesinados en el año 1974, en Tucumán, en un atentado guerrillero, quien, justificadamente y en un emotivo y conmovedor relato describe el episodio, considera acertadamente que ello implicó una violación a los derechos humanos, que no se hizo justicia, pero, erróneamente afirma que hubo una guerra.

Continua con el testimonio de, quien se autodenomina “ex integrante de la Organización Montoneros, Luis Labraña” que, según el mismo relata, en los años 70 fue atacado por la Triple A, se asila en el extranjero, también afirma que fue una guerra, y se autoadjudica haber sido el creador del número 30.000 desaparecidos, en Holanda, con el fin de obtener los subsidios que buscaban en ese país la Madres, destacando que la cifra fue inventada y aumentada en gran medida.

Previsible

Jofre cierra manifestando que no se contó la verdadera historia, y ello se hizo por plata y acusa a Ortega Peña, a Duhalde y al kirchnerismo de haberlo hecho en su beneficio, afirmando que los abogados que gestionaban los resarcimientos, cobraban diezmos por las indemnizaciones sobre los desaparecidos.

Hay otras consideraciones, algunas ciertas como las sentidas manifestaciones de la señora María Fernanda Viola, que reclama un reconocimiento moral, válido sin lugar a dudas y otras absolutamente falaces que por razones de brevedad obviaremos pormenorizar por no considerarlas parte importante para la clarificación del tema.

En ese video centralmente se cuestiona el número de los desaparecidos, alegando que la Conadep tuvo por probado un número considerablemente menor 8.751, obviando referenciar que recientemente Alconada Mon en un artículo publicado en La Nación en marzo de 2006, explicita que el departamento de estado Estadounidense en documentos ahora desclasificados como secretos, da cuenta que la cantidad de desaparecidos rondaba los 22.000 comprobados hasta 1978, según informes de su embajada en nuestro país, basados en fuentes del Batallón 601 de inteligencia.

Lo realmente importante no pasa por el número preciso, que muy posiblemente jamás se determinará con exactitud, sino con la certeza de que son muchos miles y ello es suficiente.

Todos los asesinatos de cualquier naturaleza implican una violación a un derecho humano tan importante como es la vida y por ese solo hecho deben ser repudiados, tanto los ejecutados por organizaciones guerrilleras, -cuya justificación en el ejercicio del derecho de resistencia a la opresión, cesó con el restablecimiento del orden constitucional, el levantamiento de la proscripción del Peronismo, de su líder y el regreso definitivo de Perón al país y ratificado por su posterior elección por tercera vez como presidente de los argentinos-, como por el terrorismo del estado.

Claramente merecen condena y repudio todos los asesinatos ocurridos en esos aciagos días de nuestro devenir histórico, tanto los del padre y la hermanita de la protagonista del video, como los de, Ortega Peña, José Ignacio Rucci, Carlos Mugica por mencionar solo a algunos.

Pero no todos merecen la misma calificación, los realizados por las organizaciones guerrilleras deben ser juzgados por el derecho común, ya que no son delitos de lesa humanidad, y por ende están alcanzados por el beneficio de la prescripción, que es también un instituto fundamental de los derechos humanos, en tanto que sí revisten ese carácter y son imprescriptibles, los realizados por quienes ejercían el poder del estado, autores de la tortura y muerte de los desaparecidos por la represión ilegal ejercida durante la dictadura militar y la sustitución de identidad de los hijos de los desaparecidos nacidos en cautiverio, que a más de su imprescriptibilidad, son de ejecución continuada.

También debe destacarse que estos últimos ilícitos en atención a la legislación civil preexistente, deben ser resarcidos por el Estado, en tanto que los ejecutados por los grupos guerrilleros no hay obligación jurídica de hacerlo.

Debe destacarse que, Ortega Peña, socio de Eduardo Luis Duhalde en los años 70, fue asesinado en la escalinata principal del Palacio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en julio del año 1974 y por lo tanto, cae por falaz la afirmación de haber cobrado diezmos, por lo menos a su respecto, tal como hace Jofre en el video en análisis y respecto de quien fuera Secretario de Derechos Humanos, sin ofrecer ninguna evidencia concreta, limitándose a hacer una, por demás, muy irresponsable afirmación, teniendo en cuenta que el acusado de tamaña infamia, falleció y por ende no la puede refutar, ni ejercer defensa alguna.

Respecto de la afirmación reiterada de que en nuestro país hubo una guerra en los años 70, me remito a las palabras del General Haig al entonces presidente de facto General Galtieri en las negociaciones intentadas por EEUU para evitar la guerra de Malvinas en los días previos a la llegada de la flota Inglesa a las islas. Al respecto el negociador estadounidense manifestó categóricamente: “General, eso no fue una guerra, fue una cacería”.

Como si lo que antecede fuera poco, si lo aunamos a la patética actitud del Presidente Milei en Ushahia con la Generala estadounidense a cargo del Comando Sur, a las irresponsables manifestaciones del legislador libertario Benegas Lynch sobre la libertad de los padres respecto de la educación de los hijos menores y a la negativa de homologar convenios colectivos, como el del Sindicato de Camioneros, porque los incrementos salariales pactados superan la inflación, lo que contradice y desnuda la mendacidad del mensaje libertario, mostrando que es libertad para fijar precios, pero no para negociar salarios, sintetizando libertad para poderosos y limitaciones para los débiles. Todo ello, me lleva a alertar a la dirigencia opositora para que asuman el rol que los tiempos demandan.

Pensando en voz alta

Como colofón, creo que la oposición y especialmente el peronismo, son funcionales al gobierno en sus reacciones, y no están entendiendo, que no obstante la importante movilización del domingo 24 de marzo, un gran sector de la sociedad está enojado y decepcionado con la dirigencia y por ello voto a Milei.

Lamentablemente no hubo consenso para hacer una sola concentración, bajo una única consigna “Memoria, Verdad, Justicia, Nunca Más” y despojada de toda otra connotación ideológica y crítica al gobierno.

No es bueno dar las batallas donde, cuando y en la forma que te lo proponga el adversario, sino que se deben dar en el tiempo, el lugar y la forma que resulte más conveniente. Si se sigue haciendo lo mismo no se pueden esperar resultados diferentes.

A la oposición le queda un arduo trabajo por delante si aspira a ser una opción electoral, en los comicios de medio término del 2025.

 

(*) Abogado laboralista, ex ministro de Trabajo Bonaerense y conductor del Grupo Descartes