Durante la segunda jornada del debate de la Ley Ómnibus en el plenario de Comisiones de la Cámara Baja, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich hizo foco el narcotráfico y mencionó, frente a los legisladores, la pretensión de presentar un proyecto para modificar el alcance del campo de acción de las Fuerzas Armadas. En reacción a sus dichos, algunos cuestionaron si las milicias estarían dispuestas a actuar como "fuerzas criminales", pero lo cierto es que ningún funcionario explicitó la intención de enfrentarlas con los narcotraficantes. Sin embargo, todo indica que la Ley de Defensa Nacional será objeto de debate en el Congreso en un futuro cercano.

"No está en la agenda, lo hago como pregunta: la hipótesis de conflicto que tiene la Argentina, hoy la estamos viendo en otros países", introdujo la ministra en alusión la explosión de violencia que se registró estos últimos días en Ecuador por parte de las crecientes bandas de narcotráfico. Como consecuencia, el mandatario Daniel Noboa decretó la existencia de un ´conflicto armado interno´ y por consiguiente envió a las Fuerzas Armadas para que actúe en contra del crimen organizado. El Gobierno no solo respaldó el accionar del presidente ecuatoriano, sino que además ofreció enviar nuestras fuerzas para colaborar.

Según dispone la Ley de Defensa Nacional, este accionar no podría replicarse en nuestro país a menos que se declare Estado de Sitio, lo cual tiene un costo político muy alto en democracia, dada la última experiencia que marcó la memoria de los argentinos: el 19 de diciembre del 2001, el expresidente Fernando de la Rúa decretó Estado de Sitio en todo el país por 30 días, suspendiendo así las garantías constitucionales de los ciudadanos. Las personas que salieron a manifestar fueron reprimidas y en la noche anterior a la renuncia del expresidente, las fuerzas asesinaron a decenas de civiles. "Empecemos a pensar si el único recurso es el Estado de Sitio o si hay recursos respecto lo que puede ser el avance del narcotráfico en la Argentina", dijo Bullrich en el recinto este miércoles.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también dio un guiño al respecto: "Estos hechos de violencia (en referencia a Ecuador) no escapan de nuestra realidad", opinó. Asimismo, el ministro de Defensa, Luis Petri, este martes habló de la necesidad de "modificar nuestra legislación para ampliar nuestras capacidades". En el marco de la renovación del Estado Mayor Conjunto, el ministro puso de ejemplo que el atentado terrorista de Hammas a Israel "no podría haber sido repelido por nuestras Fuerzas Armadas" si ocurría en nuestro país.

En esa línea, habló de la necesidad de "modernizar nuestra legislación, de continuar con el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, de aumentar sus capacidades militares y de propender al bienestar general". Bullrich continuó esta narrativa frente a los legisladores, donde les avisó que se aproximaba una reforma: "No es de la Seguridad Interior que podríamos cambiar el paradigma de la defensa de la seguridad interior, sino de la Ley de Defensa", adelantó, y aseguró: "No es una ley que tuviésemos preparada y lista, pero lo vamos a traer, así como el cambio del Código Penal completo que está en estudio y va a venir acá al Congreso".

La ley N° 23.554 fue sancionada por el Congreso en abril de 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín para restringir el rol de las Fuerzas Armadas después de la última dictadura militar. Además, fue modificada por el expresidente Néstor Kirchner en el 2006 a través de un decreto. La ley establece que las FFAA por definición, son un instrumento militar que solo puede ser empleado "ante agresiones de origen externo", conforme a lo dispuesto en la ley de Seguridad Interior y de la Reestructuración de las Fuerzas Armadas. En su artículo 2, reanuda: "La Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar las agresiones de origen externo".

A su vez, el artículo 32 de la Ley de Seguridad Interior (N° 24.059) establece que "el Presidente de la Nación, en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 86, inciso 17 de la Constitución Nacional, dispondrá el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior, previa declaración del estado de sitio."

Esto significa que si el presidente, a fines de restablecer el orden, quisiera utilizar las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, al tratarse de un caso de conmoción interior, debería primero declarar Estado de Sitio en la provincia o el territorio donde exista esa perturbación del orden. Si no, la ley no se lo permite.

Quien intentó modificar esto fue el expresidente Mauricio Macri, quien buscó modificar el decreto de Kirchner: "Resulta menester entender como agresión de origen externo, en los términos previstos por la Ley de Defensa Nacional, el uso de la fuerza armada contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas", detallaba el decreto de Cambiemos.

Esto fue anulado por su sucesor Alberto Fernández en 2020, y aún no se sabe si el oficialismo libertario buscará redefinir esta cuestión para que el término "agresión de origen externo" también abarque ataques de crimen organizado provenientes de los mismos habitantes, afín de combatir el narcotráfico.