Las nuevas medidas económicas que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández "apuntan a promover la desdolarización, la industrialización y el desarrollo con equidad", según analizó la Fundación de Investigaciones Económicas para el Desarrollo (FIDE) en su último informe, que corresponde al mes de enero. Además, consideró que "con la sanción de la Ley de Emergencia Económica el Gobierno ha garantizado un conjunto de instrumentos y condiciones a partir del cual abordar la difícil situación macroeconómica y social heredada" de los cuatro años de macrismo.

"El espíritu de las nuevas medidas busca moderar la salida de divisas, pero también es consistente con el objetivo de promover una desdolarización de la economía. En ese sentido se inscribe la decisión de eliminar impuestos a aquellas operaciones financieras que involucran instrumentos en pesos, como plazos fijos o títulos públicos", afirma el informe de FIDE.

Según la Fundación, la nueva política de ingresos "debería generar una progresiva recomposición de la capacidad de gasto de los hogares, viabilizando una mejora en el consumo interno. La posibilidad de que el sector empresario pueda maximizar el impacto de esa mayor demanda en un contexto de elevada capacidad instalada ociosa está condicionada por la enorme asfixia financiera que enfrenta el sector".

Además, en ese marco figura el impulso de una moratoria que permite a las Pyme financiar deudas impositivas con quitas en los intereses acumulados y un período de gracia. "En igual sentido se orienta la decisión del BCRA de reducir la tasa de interés de referencia y recuperar el  uso de mecanismos para impulsar el crédito productivo", sostiene.

Por otra parte, asegura el informe, las regulaciones instrumentadas en el mercado de cambios "resultan coherentes no sólo frente a la urgencia de mantener estables las principales variables macroeconómicas sino también con el desafío de mediano plazo de la desdolarización, la industrialización y el desarrollo con equidad".

En el plano fiscal el informe sostiene que el camino que tomó el Gobierno es "no ser un factor contractivo adicional sobre la ya golpeada actividad económica. El paquete de medidas y la política de aumento del gasto social inyectan un volumen significativo de recursos, pero a la vez se busca que se autofinancie cobrando impuestos en aquellos sectores con suficiente capacidad contributiva".

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