El Gobierno modificó las normas que regulan la actividad de la navegación comercial y deportiva, con la derogación de disposiciones que en algunos casos calificó como “medievales” y que representan un sobrecosto por los trámites y la contratación obligatoria de personal que se requerían.

La aprobación del nuevo Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (Reginave) se formalizó mediante el decreto 37/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, apunta a “la simplificación de los procedimientos, la reducción de las exigencias normativas y la eliminación de regulaciones innecesarias” y a “proveer a la seguridad de buques, bienes y las personas en las aguas, como también a la preservación del medioambiente”.

Para ello, propicia la supresión de disposiciones que “imponen el sometimiento del usuario a la tramitación de autorizaciones y aprobaciones que resultan redundantes en virtud de la duplicidad de autorizaciones y aprobaciones de igual tenor y fuerza legal”.

 

Las principales reformas

 

Con el Reginave, las autorizaciones para la navegación serán de alcance nacional y no por zonas como hasta ahora, “como si un barco que flota en el Río Paraguay no pudiera hacerlo también en el Paraná”, indicó al respecto en un posteo en X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Otra de las novedades es la derogación de la disposición del Régimen de la Seguridad Portuaria (Regiserport) que obligaba a contratar serenos a los buques estando en puerto, que ahora pasará a ser opcional.

 

En ese sentido, Sturzenegger sostuvo que la contratación de serenos es “un servicio obsoleto, dada la seguridad existente hoy en puertos” y “una actividad medieval, ya que los serenos detentaban posiciones hereditarias”.

En los considerandos del decreto, se aseguró que el servicio de serenos “no está alineado con los estándares modernos de seguridad de los buques y puertos, en atención a que la Organización Marítima Internacional (OMI), mediante el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, estableció nuevas medidas y estándares de seguridad”.

 

Certificaciones, repuestos y baqueanos

 

“Además de simplificar los requisitos para una botadura, los armadores tendrán más opciones para certificar sus condiciones de seguridad, el equivalente a la VTV de la navegación”, precisó el ministro en su posteo, para aclarar que “los más pequeños podrán certificarse por ingenieros habilitados, y los demás podrán ser certificados por sociedades de clasificación privadas”, lo que implica “más flexibilidad y menores costos”.

Asimismo, Sturzenegger indicó que hasta hoy “la Prefectura dictaba qué repuestos tenía que llevar cada buque, imponiendo sobrecostos, en particular para los barcos más pequeños”, pero con la modificación al régimen “ahora cada armador los definirá libremente”.

Como con los serenos, también pasará a ser opcional la contratación de baqueanos, “una suerte de guía en el río”, que sólo será requerida “cuando se transporten sustancias de riesgo”, con una baja de costos que el funcionario estimó en el orden del 15%.

“Se aceptará todo dispositivo de seguridad avalado por las sociedades de clasificación, bajando a un tercio los precios de muchos insumos de la navegación (antes cautivos a ciertos productores locales)”, añadió.

 

Barcazas y embarcaciones deportivas

Sturzenegger consideró “un sinsentido que los buques pequeños (por ejemplo las barcazas del Delta) tengan que cumplir las mismas medidas de seguridad que un portacontenedores”.

“Por ello creamos un régimen aún más simplificado para toda embarcación menor a 100 toneladas de arqueo”, destacó.

En lo que se refiere a la navegación deportiva, el titular de Desregulación puso de relieve la “importante modernización del régimen”, con la descentralización del otorgamiento de carnets, permitiendo que también los puedan otorgar federaciones náuticas", y la extensión de la vigencia de los permisos a 10 años.

En el Reginave se habilita a las embarcaciones deportivas a realizar actividades comerciales, “corriendo al Estado para que se desarrollen mercados y nuevos negocios”, remarcó.

Por último, los trámites de transferencia se simplifican y pasarán a “tardar días”, cuando antes “tardaban meses”, se establecen los principios de libertad de contratación, se extienden las habilitaciones de personal, se digitalizan procesos y se eliminan trámites innecesarios.