Con tensión en ascenso el conflicto de los trabajadores de Sanidad por su paritaria 2021 suma nuevos capítulos. El Ministerio de Trabajo dictó una nueva conciliación obligatoria por 5 días hábiles a partir de este miércoles y frenó así el paro anunciado por Fatsa y Atsa por 24 horas para el jueves.

En reflejo inmediato, ambas organizaciones se pronunciaron para oficializar que la medida de fuerza pasó para el miércoles 4 de agosto.

La novedad verifica la constante sobre una disputa con tres patas claves: gremio, Gobierno y empresas. "Pero la igualdad de fuerzas y poder no es tripartita o equivalente", deslizaron desde fuentes sindicales a BAE Negocios.

La huelga por 24 horas en clínicas y sanatorios privados de todo el país se fundamenta en el reclamo salarial del 45%, en medio de un conflicto que al igual que el cierre del convenio 2020 ofrece instancias inéditas y en plena emergencia por el Covid-19.

"Las escalas salariales se encuentran vencidas y luego de largas negociaciones no se ha podido acordar una nueva escala en cada convenio colectivo", advirtió el gremio.

 

Volver a las calles

 

La apuesta incluso se redobló desde allí y la medida de fuerza del 4 de agosto incluye movilizaciones en Capital Federal y el interior del país. Los "piquetes sanitarios" sumado el paro de 4 horas por turno fueron "contundentes" en cuanto a la postura asumida por Fatsa y Atsa en cuanto a que "acá no afloja nadie".

"Los representantes patronales se han negado sistemáticamente a concretar los justos aumentos salariales que reclamamos", manifestaron desde el gremio en un comunicado.

Sin perjuicio de dicho textual, puertas adentro el malestar de Sanidad se equilibra entre los prestadores privados y la Casa Rosada. El anuncio de la erogación para la compra de vacunas Pfizer de las últimas horas se tomó como "valor de referencia" en contraste a la falta de mejora salarial para un sector que remarcan "no tiene pausas ni descansos o reconocimiento desde marzo 2020", lamentaron fuentes sindicales a este diario.

Ya hubo dos semanas de tregua obligada bajo la decisión del Ministerio de Trabajo a cargo de Claudio Moroni pero el Gobierno no logró llegar a buen puerto en las gestiones con las compañías privadas de salud una solución a su financiamiento y destrabar el conflicto salarial.

 

Versión privada

 

Los prestadores consideran en que de ninguna manera están en condiciones de pactar el convenio salarial 2021 sin que se incrementen los aranceles que definen los financiadores de las obras sociales, prepagas y el PAMI. Como ya informó este medio la única llave que puede abrir las puertas del acuerdo está en el aumento de las cuotas de medicina privada.

"Asumimos nuestra responsabilidad de generar los recursos necesarios para pagar salarios y prestar servicios, pero esos recursos no los generamos libremente en el sistema de salud en el que interactuamos ya que no somos formadores de precios", se excusó la Federación de Prestadores de Salud (FAPS) en cuanto al tenor del conflicto que comprende a 250.000 trabajadores.